El Escandalo Militar del Sexenio

Justamente porque la detención de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quiróz Hermosillo se da años después del encarcelamiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo, es decir cuando los sentimientos del Ejército al respecto son de confusión, de una permanente indignación, de una constante certidumbre sobre su inocencia, su importancia es mayor. Más grave porque es un hecho a sumar al anterior, en un espacio menor de tolerancia, con una incapacidad más grande de asimilación sobre sus motivos.
No sólo es una afrenta al uniforme militar, sino una tonelada de mierda sobre lo que ya había sido manchado en una acción que ha merecido el más grande de los rechazos en los mandos militares, entre los jóvenes generales así como en el ánimo de los jefes militares ya retirados.
Es un acto que va contra el espíritu de cuerpo de las fuerzas armadas que tanto sustenta a la institución, pero sobre todo contra la concepción vital, esencial entre ellos de lealtad. No sólo a la patria en un concepto grande, sino entre ellos mismos.
Lo expresen o no, tengan la capacidad y la decisión para hacerlo fuera de su medio o no, el malestar es inmenso.
Sería de esperar, sobre todo de desear que el Presidente electo, Vicente Fox, pudiese encontrar la capacidad de análisis de estos hechos. Con suficiente distancia y, a la vez, conocimiento directo sobre la realidad militar. En lo personal, soy pesimista, me parece que no habrá de ser así.
La tarde del jueves 30 de septiembre del año 2000, víspera del último informe de gobierno del Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, que a su vez tiene un rango simbólico de general de cinco estrellas por ser el comandante supremo de las fuerzas armadas, los reporteros de la fuente política fueron llamados, de improviso, a una conferencia de prensa en la Secretaría de la Defensa Nacional.
En sí mismo este hecho era extraordinario.
Ahí se encontraron con el procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha (quien a la fecha no ha aprendido a expresarse ni en público ni en privado con la elemental propiedad) que transpiraba temor y nerviosismo. A su lado estaba José Trinidad Larrieta, encargado de la Unidad especializada para la lucha contra la delincuencia organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República.
El civil, era absolutamente transparente ante los reflectores, se sentía fuera de lugar, como si lo hubiesen invitado a última hora cual convidado de piedra a una puesta en escena cuyo guión le era desconocido.
De hecho no hay suficiente justificación para que estuviese de cara a los medios de comunicación cuando ya se había tomado la decisión, donde corresponde, de que los militares sólo fuesen juzgados por autoridades castrenses.
Esto es doblemente molesto para los militares, como si hubiese necesidad de repartir responsabilidades.
Para los hombres de uniforme es una verdad incontrovertible, parte de su formación, que el procurador militar es sólo un empleado del Secretario Cervantes Aguirre que cumple, al pie de la letra, sus indicaciones. Aunque suele hacerlo con gran torpeza.
De hecho lo que ellos vieron fue la ejecución de una sentencia, sólo eso. El destino de los generales Acosta Chaparro y Quiróz Hermosillo ya había sido decidido. Tan obvio fue esto que no hubo siquiera el menor cuidado en dar a conocer en que consisten los delitos por los que fueron detenidos, sí se advierte la decisión del procurador Macedo de la Concha no de probar su responsabilidad sino de obtener una sentencia en su contra, basada únicamente en su convicción. O, si se prefiere decir, en la orden superior recibida.
Cabe señalar, porque puede pasarse por alto, que en dicha conferencia de prensa se afirmó que ambos militares eran investigados desde 1998 por su “vinculación con el cartel de Amado Carrillo”, ya fallecido. Y que su responsabilidad surgió a raíz de las declaraciones de varios testigos protegidos.
Es decir, para el daño inmenso del honor militar, se privilegió el dicho de delincuentes contra el decir, el hacer, la historia toda de los dos generales acusados.
De hecho no se presentó ninguna otra prueba. Ni tampoco se habló de fortunas, bienes materiales producto de esta “vinculación”. Oficialmente se informó que los militares enfrentan cargos por “ilícitos contra la salud en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento de narcóticos y asociación delictuosa”. Asimismo al general Quiróz Hermosillo se le agrega el delito de cohecho. Para ambos se ha solicitado una pena de cincuenta años de prisión.
A la misma hora de la conferencia de prensa eran detenidos por policías judiciales militares, que deben haber estado muy apenados por tener que cumplir esa comisión. Acosta Chaparro estaba, como todos los días, en su oficina en el Campo Militar Número Uno. Por su parte, el general Quiróz Hermosillo llegaba a su casa del fraccionamiento La Herradura con su compañera Ana.
Daba inicio una gran tragedia que no ha terminado de escribirse.
El contexto humano, personal, provoca solidaridad con las víctimas y una obligada repulsa con sus autores. Todo ello a partir de las inmensas dudas que existen sobre su supuesta participación en algún ilícito de esta naturaleza, lo que es el punto de partida para todos los militares. Mientras que para la opinión pública se trata, únicamente, de delincuentes que fueron detenidos con el subsecuente y explicable deterioro de la imagen de la institución castrense.
Su detención simplemente abre una serie inmensa de preguntas sin respuesta.
Se trata, insisto, del escándalo más grande que pueda haberse dado en el Ejército. El general Quiróz Hermosillo, recién retirado al cumplir la edad límite de 65 años, es compañero cercano de la mayor parte de los generales que están en condiciones de ser nombrados como sucesor del general Cervantes Aguirre. Pero, por sobre todo, se trata de uno de los amigos más cercanos del actual titular de la Sedena, hecho que es del conocimiento más amplio de todos los jefes militares. Es su compadre querido, lo que tiene una dimensión muy diferente entre los hombres de uniforme.

“No puedo hacer nada comadre.”
Después de ser amigos cincuenta años Cervantes Aguirre encarceló al general Francisco Quiróz Hermosillo.

Como dicen que les sucede a los ahogados recordó, como una película que corre por la pantalla fuera de foco, la vida. Los miles de días compartidos, los nacimientos cuando el uniforme apenas alcanzaba para pagar por los sueños, las bodas de los muchachos ya con la esperanza a la vuelta de la esquina, las horas de fiesta legítima y las tardes enardecidas de guardar luto. Frente al teléfono no lograba marcar el número tan familiar, como tampoco reconoció su propia voz pidiendo por.¿debería decir su amigo?.
Cuando el general Enrique Cervantes Aguirre tomó la bocina, supongo que en el reflejo de todas las historias sudadas en común, saludó a Silvia Quiróz Hermosillo todavía llamándola “comadre”. Porque eso es lo que son.
Y así, en el “compadreo” reiterado, Silvia no entendía. No podía respirar lo suficiente para que a sus pulmones, a su inteligencia, a su condición femenina le penetrase la verdad. Porque no podía ser cierto, porque no era a ella, a sus hijos, a su realidad a la que habían apresado. No era la abuela enlutada por la muerte del pequeño bebe la que estaba siendo despojada de todo.
No era a ella a quien su compadre, su amigo de toda la vida, le respondía que no podía hacer nada.
Por eso, tampoco era su voz extrañamente fuerte la que le recriminaba que no era verdad, que él podía hacer todo. Formada en la más estricta disciplina militar, en aquella que se respira cada día a las cinco de la mañana cuando tu compañero se despierta, en la que se adhiere a tu piel en la ausencia prolongada, Silvia sabía que su compadre, que Enrique tenía el mando. Que sobre su uniforme llevaba una estrella más acompañando el águila que, juntos como todo siempre, compartía con su marido.
La historia la habían escrito juntos.
Desde el día en que Enrique Cervantes Aguirre y Francisco Quiróz Hermosillo cruzaron las puertas del antiguo Colegio Militar, esa reja de la Calzada México-Tacuba que al cerrarse cambia el destino de los llamados a servir con lealtad, siempre y por encima de todo con lealtad a las instituciones, fueron juntos. Uno fue el “potro” del otro, el otro fue el perfecto cómplice del uno.
Compadres, amigos queridos, compañeros de lo que trasciende y también de lo cotidiano. Juntos, de manera paralela, llevando al otro de la mano, ayudando en lo pertinente, hicieron el camino. Juntos estuvieron en los tiempos del general Marcelino García Barragán, en la más inmediata de las oficinas. Como juntos se abrazaron con Javier, con el hijo más querido del viejo tigre, ese hombre que tuvo como valor esencial la amistad.
Juntos estuvieron cuando Francisco Quiróz bautizó al primogénito, al nieto del general, al “Javiercillo”, al “tigrillo” que muchos años después quedaría al cuidado de todos, mujeres e hijos en una comunidad fraterna, cuando Javier muriese tan dolido, tan resentido con su “amigo” ya Secretario de la Defensa.
Juntos, Quiróz Hermosillo y Cervantes Aguirre, entendieron la realidad del país cuando la Brigada Blanca, cuando la inteligencia militar en Chiapas, cuando las ordenes civiles inmoralmente tremendas se obedecían. Juntos estuvieron cuando Quiróz Hermosillo era el general más guapo del Ejército, el más abierto y lleno de amores, pleno de coches, de los dólares ganados en el extranjero como agregado militar.
Uno fue a Estados Unidos, otro a Japón. Uno fue secretario particular del Secretario de la Defensa Nacional, otro ayudaba al hijo de éste en cruzadas “de orden superior”. Uno sería titular de esa dependencia con el apoyo, la recomendación permanente, el mejor de los beneplácitos del compadre del otro. Los tres, Javier, Enrique y Pancho compadres.
La historia de entretejidos es inmensa. Como de la familia. Tal como se tratan los hijos de los dos matrimonios, como de la familia pues. Compadres de verdad.
¿En las buenas y en las malas?
Silvia habló una y otra vez y otra vez más con su compadre Enrique en la noche eterna del jueves 31 de agosto del 2000. Ella sabía que podía hacerse mucho, mientras uno de sus hijos intentaba cruzar la puerta del Campo Militar Número Uno con su abogado para encontrarse con la nueva realidad. Para ella, aunque viviesen en casas separadas como tantas otras historias militares íntimas, Francisco era su marido, el padre de sus hijos, el abuelo de sus nietos, y también el compadre del Secretario de la Defensa Nacional. Del hombre que ahora lo acusaba de narcotraficante, del mismo al que le exigía una sinrazón.
Había un error, tenía que existir un equívoco inmenso en todo. Sobre todo en ese aire que no la dejaba respirar mientras intentaban calmarla, ocultarle que su hija embarazada había sido llevada en un grito de sangre al hospital, minutos después de enterarse de lo que parecía imposible: Un boletín oficial plagado de faltas de ortografía daba cuenta de las voces de delincuentes pagados que, única prueba, señalaron a su padre.
Entrevistado esa noche por Joaquín López Dóriga, frente a las cámaras de televisión titubeante, leyendo mal las notas preparadas, aterrado detrás de su máscara plena de gesticulaciones, el procurador Rafael Macedo de la Concha, tan irregularmente ascendido el pasado noviembre insistía en que el general Quiróz Hermosillo había sido detenido por los delitos de tráfico de drogas y cohecho.
Esta vez solo, sin su compadre al lado que había compartido todo.
O, supongo que como yo lo piensan los ahijados y los nietos y la compañera que también llora su angustia en el mayor de los agobios, que ésta vez por ordenes precisas de su compadre tan querido.
Para los hombres que han servido a su patria junto a Quiróz Hermosillo no hay manera, así de rotundo, no hay manera de estar relacionado en este tipo de ilícitos sin que la persona más cercana, más entrañable lo sepa. En este caso su compadre.
La vida militar, con su rígida jerarquía, con sus coincidencias hasta de zona habitacionales, no permite ocultar secretos. ¿Cómo podría no haberse dado cuenta el general Enrique Cervantes Aguirre? ¿O es que lo supo siempre, que contra la ética militar, contra sus principios, contra lo que manda la misma Constitución se convirtió en cómplice de un delincuente? Porque esa tendría que ser la conclusión.
¿Cómo entender que durante seis años fue su subordinado directo, primero a cargo de la dirección de Transporte que no es un tema menor, luego en la oficina de seguridad social donde todo se compra, sin que se le detectase un error, una omisión, una irregularidad?
A simple vista la detención del compadre querido, del mejor amigo del general Cervantes Aguirre tendría que interpretarse como un golpe en su contra, como la descalificación más violenta de su sexenio, de su mando militar.
¿Por qué permitirlo? ¿Qué puede explicar, hacía fuera pero sobre todo de cara a los altos mandos militares tan lastimados, que se privilegie la información de unos delincuentes por sobre la historia personal? Y conste, en verdad que debe quedar constancia, que no se trata de la sorpresa de “descubrir” que un general había rentado un departamento para su amante, aquí son cincuenta años de relación ininterrumpida.
¿Dónde está la inteligencia, la capacidad, el mando del general Enrique Cervantes Aguirre?
Aunque también podría suceder que todo, las acusaciones contra los generales fuesen mentira. Y entonces no sólo su comadre Silvia, los hijos, los ahijados, las familias, su compañera tendrían que sentirse profundamente ofendidos ante la ambición que no tiene límite. Ante lo que sólo puede ser calificado como un acto pleno de cobardía.
Juntos, hace cincuenta años, cantaron el himno del H. Colegio Militar en ejercicio de lealtad. Hoy Enrique Cervantes Aguirre envió a prisión al general Francisco Quiróz Hermosillo, tal vez al cerrar la reja de otra instalación militar también él, de todas las formas a imaginar, se haya quedado dentro, privado de algo más valioso que la libertad.
“No puedo hacer nada comadre.” le diría a Silvia.
Francisco Quiróz Hermosillo, general de división, sí puede hacer mucho. Hablar por ejemplo. Y no sólo de su compadre.
Aunque hay quien opina que tendía que comenzar por hablar, precisamente de su compadre, de los negocios, de las constructoras de sus hijos, de las casas que han construido estos con materiales y mano de obra militar mientras que en Chiapas se cancela el sobresueldo a los soldados por no haber recursos. Y eso sería, solamente, la punta de una montaña inmensa de cosas por decir, que seguramente habrán de ser dichas en pocos meses.
En cuanto al general Mario Arturo Acosta Chaparro, si se decidiese a hablar habría un mundo de asuntos turbios a magnificarse, con el subsecuente daño al sistema político mexicano pero sobre todo a las instituciones que todavía lo conforman.
De inmediato a su detención surgieron las versiones periodísticas sobre su responsabilidad en secuestros, torturas, guerra sucia contra la guerrilla hace más de veinte años. Lo cierto, lo que no puede olvidarse es que como Francisco Quiróz Hermosillo es un militar que, simplemente, toda su vida ha obedecido ordenes superiores.
En este caso las ordenes tuvieron que ser dadas por el comandante supremo de las fuerzas armadas, es decir el Presidente de la República en turno.
Si de eso se trata, si se insiste en la condena de cincuenta años por cumplir ordenes superiores y los delitos de “narcotráfico” solamente son el pretexto para su encarcelamiento, estaríamos frente a un precedente inmensamente grave. No conozco, no existe un general, un jefe militar que se levante en la mañana pensando a quien quiere matar, torturar, secuestrar. Esto no opera así, se cumplen las ordenes porque para eso se les prepara, y si no es así las penalidades llegan hasta la sentencia de muerte.
Baste preguntarse en voz alta, conociendo esta realidad, quién tendrá autoridad para pedir a sus subordinados que cumplan con las ordenes relacionadas con la seguridad nacional, como en su tiempo fue conceptuada la irrupción de grupos guerrilleros. ¿De qué se trata? ¿La pretensión es minar la disciplina militar?
Lo que abunda en estos hechos son preguntas que no tienen respuesta.
Aproximadamente mi edad, 48 años, el general Francisco Quiróz Hermosillo fue un funcionario público sin mácula, cuyo salario fue pagado con los impuestos de todos los mexicanos. Desde su entrada al H. Colegio Militar en 1952 como consta en su expediente, lo que lo convirtió en el sexenio de Luis Echeverría Alvarez en el general más joven del Ejército. De pronto, en una casualidad poco creíble, es detenido la víspera del último informe presidencial del doctor Ernesto Zedillo y se convierte, por palabras del procurador militar Macedo de la Concha, en el villano mayor.
Se me ocurre que, por lo menos, quienes hemos pagado su salario tenemos el derecho a conocer de qué se le acusa. En eso consiste, justamente, el derecho a la información y la libertad de expresión.
Porque, de entrada, eso de su supuesta participación en delitos de narcotráfico es infinitamente ambiguo. ¿Y el ilícito de cohecho, se traduce como que dio o que recibió dinero?
¿Narcotráfico quiere decir que el general dirigía un operativo a través del país, que transportaba toneladas de droga en vehículos militares, que las vendía, que era el responsable de negociar los precios con los compradores, que otorgaba protección a los narcotraficantes, que proporcionaba bodegas para ocultarla dentro de los cuarteles?
¿Dónde realizaba estas operaciones? ¿Cómo logró engañar a miles de militares que colaboraron bajo sus ordenes, o estos fueron sus cómplices? ¿Por qué sus superiores no se enteraron?
¿Qué recibió a cambio? ¿Dónde está el botín, el dinero, la recompensa?
O sea, como millones de mexicanos, necesito la historia. El guión, las luces, los protagonistas, los tiempos. De otra manera su detención, además de ser tema para las comisiones de derechos humanos, es una gran burla a nuestra inteligencia.
Que puede, desafortunadamente, ampararse en el gran desconocimiento de la vida militar.
De entrada, perdón por la deformación personal, el absurdo mayor es la incompatibilidad de horarios. Porque no se puede, no en esa escala, dedicarse al narcotráfico en horas libres. No es como una especie de divertimento, de actividad extracurricular. No podría serlo en el apretado horario de un militar de su rango.
Un reglamento militar muy antiguo, que data de los tiempos en que el temor existente era la posibilidad de que los jefes militares se reuniesen para planear asonadas violentas, obliga a dar parte de los desplazamientos de todos los militares en activo. De donde tiene que haber registros, de muchos años, sobre las actividades de Quiróz Hermosillo. Al detalle.
La permanencia de un jefe militar en su cuartel, cada día del año, es una obligación que no puede ser evitada bajo ningún pretexto. Que comienza con la lista cada madrugada, obligación común. Incluso cuando tienen que ser evaluados, otra imposición del uniforme, por el servicio médico deben pedir un permiso a la Sedena. En la práctica existe un control difícilmente imaginable sobre todas sus actividades.
A lo que debe agregarse una jornada de trabajo extenuante, incluyendo los domingos y días festivos.
De donde la primera pregunta que no encuentra respuesta en mi mente es, no soy ingenua: ¿A qué horas se dedicaba al narcotráfico el general Quiróz Hermosillo?
Para nadie es un secreto, que la Secretaría de la Defensa Nacional acostumbra intervenir rutinariamente cientos, miles de teléfonos. Entre ellos se encuentran los de los señores generales. De sus conversaciones existen copias sobre un gran número de escritorios. Así como de la intimidad de varios periodistas que ya llevamos nuestras quejas hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Incluso se llega a “pinchar” las líneas de sus familiares más cercanos, de sus amantes, de sus hijos. ¿Cómo pudieron no darse cuenta de las supuestas “relaciones peligrosas” del general Quiróz Hermosillo?
Dentro de las fuerzas armadas los jefes tienen obligación de estar enterados de las actividades de sus subordinados, a la vez que estos no tienen otra posibilidad que darse cuenta de la conducta de sus superiores por la cercanía en que trabajan. Lo que implica a demasiados sospechosos comunes.
De hecho, si las investigaciones fueran serias, habría que llamar a declarar a muchos generales en retiro y en el activo, desde el propio titular de la Defensa Nacional, pasando por el actual jefe de Estado Mayor y sus antecesores inmediatos.
La otra opción es que la Secretaría de la Defensa Nacional, en cada una de sus dependencias, esté al servicio de los narcotraficantes. Que todos los militares mexicanos sean a su vez cómplices de estos delincuentes, y por lo tanto no hayan advertido que dos prominentes jefes se comportaron durante tantos años fuera de sus reglamentos cotidianos. En una estructura donde la menor falta administrativa es objeto del castigo más severo.
Las primeras declaraciones de un testigo protegido, única incriminación que ha sido “filtrada” por el gobierno, hablan de Quiróz Hermosillo a principios de 1997. Pero el señor José Tomás Colsa MacGregor fue asesinado poco después.
¿Por qué tendría valor su palabra, la de un delincuente confeso y que habla por interés? ¿Por qué creerle más a quien recibe dinero y/o impunidad a cambio de implicar a otros? ¿Qué nos asegura que no recibió instrucciones para hacerlo, que actuaba de buena fe? Sobre todo, en materia legal, sus declaraciones ya no tienen valor porque no puede ratificarlas ante la autoridad correspondiente.
De igual forma las acusaciones contra el general Quiróz Hermosillo y también en contra del general Mario Arturo Acosta Chaparro se sustentan en dichos, de otro testigo protegido, que igualmente fue asesinado en 1998: Jaime Olvera Olvera. Así como por declaraciones, también a cambio de impunidad, de un delincuente confeso: Adrián Carrera Fuentes, que es el único que puede ratificarlas ante el juez correspondiente.
¿Y el dinero? Porque, supongo como millones de mexicanos pensantes, que los multicitados generales cometieron ilícitos a cambio de una cantidad de dinero, que tendría que ser inmensa a valores de mercado o de cambio, como se prefiera. ¿Qué tal unos quinientos millones de dólares para Quiróz Hermosillo, aún sin conocer en qué consistió su colaboración, exclusivamente por el nivel que tenía dentro de la Defensa Nacional? Hasta barato me parece si se revisa el monto de los cohechos que ofrecen los jefes del narcotráfico.
¿Y a Acosta Chaparro le pagaron por fusilar, secuestrar, torturar o por asuntos de droga? Porque si fue por ambos estaríamos ante un caso extraordinario, un militar que cumple con sus deberes, investiga a guerrilleros, tortura, escribe libros, es cómplice del narcotráfico y nadie lo descubre en ninguna de sus “modalidades”. Nunca hubo, por tanto, cadáver alguno en las instalaciones militares. Mejor que cualquiera de las dictaduras del cono sur.
¿Dónde quedó ese dinero? ¿Por qué las autoridades no nos han informado al respecto si, como ha expresado el procurador Macedo de la Concha, no tienen duda alguna sobre la responsabilidad de los jefes militares?
Y luego, porque vaya que fueron precisos en las filtraciones periodísticas, queda el cuestionamiento de su permanencia no sólo en la Ciudad de México sino en sus casas, donde fueron detenidos. Si eran tan inteligentes, tan brillantes como para poder haber estado vinculados al narcotráfico sin despertar sospecha a lo largo de tantos años. Si ambos generales lograron ocultar sus desmedidas fortunas producto de esta vida ilegal, ¿por qué no huyeron? ¿Por qué no utilizaron sus conexiones, sus cuentas en el extranjero, sus amistades en las mafias de tantos países para huir de la acción de la justicia?
Si se aplica, así sea en una expresión mínima, el sentido común la historia de estos generales supuestamente narcotraficantes parece un cuento infantil, sin ninguna lógica ni sustento, ni pruebas ni explicaciones. Y si no existe, en los próximos días, información que responda a las preguntas que ha despertado su encarcelamiento habría que pensar mal.
Por ejemplo, se me ocurre, que las autoridades actuaron bajo pedido de los nuevos tiempos políticos. Que lo hicieron, se dan casos, porque fue una orden del gobierno norteamericano. Que detrás de su detención existen ambiciones transexenales que da miedo hasta admitir en silencio. Que estamos frente a la crisis más severa e irresoluble del instituto armado.

¿QUIÉNES SON LOS OTROS GENERALES ACUSADOS?
EN LA MIRA LA SUCESION EN LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

Roberto Miranda es un hombre difícil de tratar, más aún de describir. Encabeza una generación de generales jóvenes que, no obstante su vinculación de muchos años con el poder civil dentro del Estado Mayor Presidencial, aspira legítimamente al poder en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para nadie, absolutamente nadie, dentro de las fuerzas armadas está oculta su rivalidad con el general Enrique Cervantes Aguirre, como tampoco la intención fallida de éste para tomar control sobre esa institución cuyo futuro hoy es incierto.
Se trata de un experto en seguridad que ha desempeñado con talento su actual comisión, que le ha garantizado un espacio de seguridad excepcional al Presidente Ernesto Zedillo, pero no sólo eso. Sus compañeros de antigüedad piensan, tampoco están solos en este ejercicio, que es tiempo de un cambio generacional que él podría encabezar.
Su vocación castrense viene desde los días infantiles en que creció rodeado de uniformes, los que su padre confeccionaba para los más importantes jefes de las fuerzas armadas. No había otro signo de poder, de jerarquía comparado a portar una de sus guerreras.
Su arma de origen es la Caballería y tiene, definitivo, muchas de las cualidades de los “dragones”. A lo que debe agregarse su privilegiado conocimiento de las perversiones de Los Pinos durante varios sexenios. No es hombre que tenga las manos atadas, no debe apostarse por su invalidez ni por la ausencia de respuesta a los ataques. Al contrario.
No tendría, menos en su actual posición de poder, necesidad alguna de vincularse con narcotraficantes. Supongo que tampoco oportunidad. Señalarlo como un presunto implicado en ilícitos de este tipo equivale, ni más ni menos, a colocar a los narcotraficantes en la casa presidencial.
¿A quién conviene esto?
Leandro Rosado es menos desbordado y grato que su padre, él sí bohemio natural, pero es un militar excepcionalmente abierto, dispuesto a la risa. Tiene el estilo de su jefe, de su amigo, de su padre en la milicia: Juan Arévalo Gardoqui.
Cada vez que el entonces titular de la Defensa Nacional invitaba a desayunar a su oficina, con esa bonhomía siempre recordada, o decidía comer en casa de amigos comunes, abandonar sus oficinas en busca de algún restaurante, viajar por el interior del país con tiempo libre, Rosado estaba presente. Igual que en la responsabilidad del trabajo.
En ese grupo, tan reducido, había otro interlocutor de extrema confianza: José Angel García Elizalde, en esos días recién ascendido a general y jefe de Estado Mayor de la Sedena, una de las responsabilidades más grandes que puedan existir. Otro de sus compañeros, de confianza total, era el general Mancera, también ya retirado.
Como todos los militares intendentes, es decir quienes se encargan de la organización interna de los cuarteles, de los suministros oficiales, Leandro no pudo por ley ascender a divisionario. Inteligentemente se retiró al irse su jefe. Es un hombre de reconocida fortuna personal, como la mayoría de los jefes intendentes de esas épocas, que no tiene pecado publicitado alguno.
Una vez más una investigación periodística de Milenio, firmada por María Idalia Gómez cuya seriedad es una garantía, nos remite a la pugna interna por la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional como el verdadero motivo para la encarcelación de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiróz Hermosillo.
Con fuentes confiables, dentro de la Procuraduría General de la República, la reportera agrega nombres a esta indagatoria: los generales Leandro Rosado Ferrer, Jesús Beltrán Guerra y Roberto Miranda Sánchez.
Con esta sola mención, que por el patrón de las pesquisas no tiene ninguna inocencia, resultan afectados por lo menos dos grupos importantes que están en posibilidad de contender internamente por la titularidad de las fuerzas armadas.
El próximo mandatario tendrá, obligado por la Constitución, que elegir a su Secretario de la Defensa entre quienes actualmente son generales de división. Miranda Sánchez, Jefe de Estado Mayor Presidencial, uno de ellos. José Angel García Elizalde, cuyo desempeño castrense no desaparece por decreto al perder el candidato priísta, resulta ser uno de los más fieles amigos del fallecido general Juan Arévalo Gardoqui, como bien sabe el general Cervantes Aguirre que tantas veces estuvo en su antesala. Fue uno de sus fuertes contrincantes, aspirante desde entonces, a encabezar la Sedena, con la absoluta confianza y recomendación del general Antonio Riviello.
Y aquí, en esta referencia, entra la mención al general Rosado Ferrer quien estuvo a cargo de la mayoría de las compras que se hicieron durante ese sexenio, a pocos pasos de distancia. Con una identificación total. Se trata, por tanto, de buscar muertos bajo el tapete de esa administración cuando el jefe ya no puede defenderse.
De donde el golpe tiene remitentes inequívocos. ¿A quién se pretende favorecer con esto? Lo importante es que las acciones penales, las indagatorias de la PGR que llevaban años en el archivo o por lo menos sin poder ser completadas por carecer de pruebas contundentes, tienen hoy un sentido político que no puede ya ser ocultado. Van en el mismo paquete los generales Acosta Chaparro, Quiróz Hermosillo y los mencionados por la reportera de Milenio Diario.
Esta inserción en los entretelones del poder interno, de los juegos reales por la sucesión en esa institución podría desvirtuar completamente la validez de dichas investigaciones tan, digamos por lo menos, sospechosamente sacadas del cajón de los pendientes al cuarto para las doce.
En concreto todo el expediente que, de acuerdo con esta publicación, coloca bajo sospecha a 45 militares está basado en testimonios de testigos protegidos, cuya manipulación es absolutamente creíble. ¿De parte de quién? .Esa sí que es una historia peligrosa hasta para imaginar.
En los hechos, objetivamente, la incriminación a los jefes militares es muy poco sólida. Las pesquisas fueron “rapiñadas” de otros expedientes, armadas sobre las rodillas, estructuradas con poco apego a consideraciones jurídicas.
Las autoridades no tienen nada, absolutamente nada que pudiese convencer sobre su responsabilidad penal en actos ilícitos a un juez que no actuase bajo consigna. Pero, esto es lo más grave, en la práctica los militares ya han sido sentenciados, sin conocer siquiera su punto de vista, sin que la opinión pública tenga derecho a una explicación sobre la naturaleza exacta de los ilícitos que supuestamente cometieron.

¿IRA EL GENERAL CERVANTES AGUIRRE A LA CARCEL?
LAS CUENTAS DE LA DESLEALTAD MILITAR

En un principio fue la lealtad.
De eso trata todo. Cuando se rompe la gran cadena nadie, absolutamente ninguno puede enmendar los daños. Por lo tanto corresponde al general Enrique Cervantes Aguirre la responsabilidad de esa gran avalancha en su contra que parece incontrolable. Y que, al decir de muchos, puede convertirlo en el primer Secretario de la Defensa Nacional juzgado por peculado.
Al encarcelar a su mejor amigo, al colocar en la hoguera de la opinión pública al responsable de la guerra sucia, consiguió el consenso del grupo de generales con mando real para el paso siguiente: la publicitación de sus excesos. La interesada, complacida filtración de lo que podría ser el escándalo de corrupción del siglo.
Eso es lo que habremos de vivir en los próximos días.
Hoy se ha comenzado a publicar lo que ha sido un secreto a voces: los contratos millonarios que la Sedena entregó durante los primeros años del sexenio a la constructora “Comalcalco”, cuyos principales accionistas serían los hijos del general Cervantes Aguirre y del general Alvarez Nahra, director de la policía judicial federal. Empresa que tuvo que desaparecer al encontrarse irregularidades en dichas asignaciones por parte del Congreso.
De igual manera la concesión de los terminados, aluminios, ventanas, azulejos, de las obras castrenses durante el sexenio.
La construcción apresurada en meses recientes de las casas, con material oficial e utilización de personal militar, de los hijos del todavía titular de la Sedena. Justamente ante los ojos de las familias de sus subordinados agraviados.
El incendio, intencional, de las fabricas de armamento militar donde el general Rodolfo Reta Trigos habría sido responsable de ocultar un inmenso desfalco de cartuchos. Arrastrado éste desde los días en que el general Cervantes Aguirre era el comandante de dicha unidad. Unica explicación lógica a la falta de correctivos por el siniestro que, casualmente, no habría tenido víctimas. ¿Cómo justificar una explosión en una instalación militar dentro del Campo Militar Número Uno?
Y si se le busca, sin irse muy lejos, habría que voltear la mirada hasta los días en que Enrique Cervantes Aguirre era el titular del H. Colegio Militar, de donde logró comprar su residencia actual.
El hijo que ha estado en España como agregado militar mucho más tiempo de lo que dicen los códigos militares, siempre presente en las páginas de las revistas de sociales. El hermano que fue premiado con la agregaduría militar en Venezuela.
Al dar a conocer todo esto, que es sólo el principio, no se rompe al interior de las fuerzas armadas un código de complicidad (aunque los civiles puedan juzgarlo de esta manera) sino algo todavía más grave, que demuestra que el deterioro del mando superior es irremediable. Porque todos los señalamientos sobre las constructoras, los hijos, las casas, los dineros vendrían de las propias filas castrenses.
Es decir de entre aquellos que ya no reconocen a su jefe como sinónimo de la institución. Que están convencidos del daño irremediable que habría causado su mando durante este sexenio.
De tal dimensión es el deterioro cierto, no sólo en imagen pública, que ha causado el general Enrique Cervantes Aguirre al Ejército que le correspondió encabezar. Siempre a partir del linchamiento interesado de jefes militares, de los compadres, amigos, colaboradores cercanos. Que habría estado dictado por motivos dudosos, para decir lo menos. Por asuntos relacionados con el poder interno, con la lucha por perpetuarse en la Secretaría de la Defensa Nacional y/o imponer a su sucesor.
Lo que comenzó con el confinamiento del general Gutiérrez Rebollo al Hospital Militar para, según denuncias de la familia, matarlo. Intención que se vería frustrada con la presencia, cuando todas las visitas se habían prohibido, del general Antonio Riviello.
La respuesta que ha provocado esta conducta del titular de la Sedena es tan grave como inédita. Sólo puede medirse en lealtades, en la falta de un valor que es parte esencial de la doctrina militar.
Cuando los rumores más recientes colocan a los generales Gastón Menchaca Arias, Manuel Avila Pérez y Guillermo Alvarez Nahara como otros de los que pueden estar a punto de ser detenidos por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, vale la pena regresar a las tarjetas de “inteligencia militar” que fueron dadas a conocer hace tres años por el coronel Pablo Castellanos, otra de sus víctimas, que ha negado que fuesen documentos secretos.
Difundidas por el semanario Proceso en su edición 1082, del 27 de julio de 1997, en una nota excepcional firmada por Carlos Marín, la información ahí contenida provocó de manera indirecta el asesinato de Irma Lizzete Ibarra dos días después, justamente a unas horas de haber declarado al corresponsal de dicha revista que sus palabras podían “embarrar a muchos militares”.
Además de estar acusada de establecer contacto entre grupos de supuestos narcotraficantes y jefes militares adscritos a Jalisco, la guapa mujer había sido amante por mucho tiempo del antecesor del general Gutiérrez Rebollo en Jalisco, el desaparecido general Vinicio Santoyo Feria, colaborador del general Arévalo Gardoqui, cuyo secretario particular Héctor Ixtláhuac Gaspar fuese acribillado casualmente días antes que la señora Ibarra.
Los nombres que ahí aparecen son los mismos que se han vuelto familiares para la sociedad en estos días: Javier García Morales, los generales Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiróz Hermosillo, Gastón Menchaca Arías, Juan Félix Tapia, José Angel García Elizalde, el coronel Orlando los hijos de los generales Arévalo Gardoqui y Godínez Bravo. Y, vaya paradoja, como “informante” el general Manuel Avila Pérez, entonces jefe de Estado Mayor de dicha zona militar, hasta hace pocos meses íntimo amigo del general Cervantes Aguirre.
Las coordenadas se cruzan una y otra vez, no puede aceptarse que casualmente.
¿Se trata de denunciar la corrupción militar o de taparla? ¿Se pretende encarcelar a inocentes para seguir protegiendo a los verdaderos culpables? ¿Por qué hacer culpables, a deshora y sin pruebas, a generales de división que han sido mencionados como posibles Secretarios de la Defensa Nacional?
Siempre se habla de la plaza de Jalisco, del cartel de Amado Carrillo, de generales y jefes militares que tienen amantes, de supuestas relaciones peligrosas que en la práctica eran absolutamente transparentes y reconocidas por todos, de protección cuyo beneficio material jamás ha sido comprobado. A cada acción de la justicia militar ha seguido la certidumbre, entre los hombres de uniforme, sobre la inocencia de los condenados. Como novela le faltaría sustento al argumento.
Sin embargo para sus víctimas, las más recientes los generales Quiróz Hermosillo y Acosta Chaparro, la tragedia no tiene fin.
El coronel Pablo Castellanos está preso por la supuesta difusión de estas tarjetas cuya existencia habría sido delatada al titular de la Sedena por su hermano Pedro Cervantes Aguirre, también general. Se trata, a su vez, del segundo de a bordo del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en la “Brigada Blanca”, quien colaboró estrechamente en las llamadas “labores” de destrucción de la guerrilla.
El general Quiróz Hermosillo es compadre de Cervantes Aguirre y su amigo desde hace 48 años cuando entraron juntos al H. Colegio Militar. Una relación igual de estrecha existió entre Cervantes Aguirre y Guillermo Alvarez Nahra, a quien envió a hacerse cargo de la policía judicial federal desde principios de sexenio, al grado que sus hijos se asociaron en una empresa constructora.
Otro general, Manuel Avila Pérez, que estaría sujeto a investigación de acuerdo a las nuevas filtraciones de inteligencia militar, tuvo una relación de afectuosa cercanía con Cervantes Aguirre hasta que fue obligado a retirarse, como Subsecretario de la Sedena, al no aceptar señalamientos sobre su vida privada.
Amigos, compadres, hijos, hermanos, todos ellos conforman un círculo muy pequeño de seres humanos, civiles y militares, a quienes el general Enrique Cervantes Aguirre ha movido como piezas en un tablero construido para su propio beneficio. De hecho quienes han sido detenidos, están sujetos a juicio o purgan penas en prisión han sido señalados por delincuentes, sus expedientes no resisten un examen jurídico a fondo.
La conjura, en los hechos esa es la interpretación militar, tuvo siempre un ejecutor responsable. El mismo militar que hoy ha pasado a ser su propia víctima: el general Enrique Cervantes Aguirre.

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