Presencia de Sicarios Colombianos

* La Violencia en Sinaloa
Por segunda vez, debe ser un hombre afortunado, el comandante Pedro Pérez López salió ileso de un atentado en su contra.
La cuota de peligro a pagar desde el uniforme de policía es alta de por sí, inmensa cuando se ejerce esa profesión en Sinaloa.
¿Por qué?
Habría que remontarse hasta principios del siglo pasado, a la historia de la goma y el santo de los traficantes de opio. Serviría también referirse a los gobernantes incapaces de combatir al narcotráfico, de vencer el poder económico de su corrupción en años recientes.
No es, no podría ser responsabilidad de Juan Millán Lizárraga. Aunque le corresponda pagar, como el gobernador de Sinaloa en estos tiempos de la transición, todas las facturas.
La violencia sin límite, la que utiliza impunemente cuernos de chivo y permea la sociedad, debe ser combatida con inteligencia. Pero también con la fuerza, la de las autoridades y aquella del Estado Mexicano como tal. El gobernador solo, así tenga las mejores intenciones y la más grande entrega, no podrá hacer nada al respecto.
Y aquí es donde surgen las preguntas, es el ámbito donde se desarrolla la paradoja que tiene a todos atados de mano en Sinaloa, aunque no exclusivamente ahí. Porque es la ciudadanía la que ofrece las mayores resistencias a esta lucha sin cuartel, la que vive cómodamente instalada en los beneficios económicos del auge de la droga.
Esta bonhomía consentida y hasta fomentada, que tanto pretenden ocultar, es el enemigo más grande a vencer. En Sinaloa como en otras entidades del país. Este exceso de dinero que circula entre ciertas clases sociales, que se derrama en las poblaciones sin opciones de desarrollo, que se vuelve noche de carnaval sin límite en Mazatlán, que se canta en todas las estaciones de radio como corrido con dedicatoria, es el mal mayor.
Junto, en un sitio preponderante, a una conducta social muy difícil de analizar por quienes no hemos vivido en estas poblaciones, que lleva por igual a desconfiar de toda autoridad así como a evitar sus acciones. Frente a estas resistencias, unas interesadas y otras simple inercia, es muy poco lo que se puede hacer.
Hace pocos días el comandante Pedro Pérez López fue objeto de un intento de asesinato a la hora que los niños van a la escuela y los padres a sus trabajos, en un cruce de calles más que céntrico en Culiacán. En un accidente, imponderable para todos los protagonistas, una esquirla de bala lastimó al director estatal de derechos humanos, Jaime Cinco Soto.
Ileso, por algo semejante al vocablo milagro, en dos ocasiones su futuro tendría que estar garantizado por el gobierno. ¿Qué le espera, de qué va a vivir, cómo va a garantizarle seguridad a su familia?
La violencia, hay que gritarlo a los cuatro vientos, no respeta a nadie.
Los resultados de las investigaciones llevan a la presencia de sicarios colombianos en Sinaloa. ¿Qué quiere decir esto? Como se quiera juzgar: el vaso medio lleno o medio vacío. Se trataría de una mayor sofisticación de las mafias criminales consecuente al clima de impunidad o, en su lugar, una respuesta a acciones oficiales más drásticas.
Juan Millán ha expresado ante las autoridades federales su necesidad de apoyo. Es claro que una entidad de la federación que no tiene suficiente presupuesto para seguridad pública, que no cuenta con instalaciones, con policías, con recursos materiales no puede vencer la violencia. Tampoco la corrupción.
La presencia de la policía federal preventiva en Sinaloa obedece a esta necesidad, pero no es suficiente. Se necesita dinero con urgencia, profesionalizar a los policías, otorgarles seguridades de todo tipo frente a las amenazas de los grupos poderosos. ¿Cómo pedirles a ellos, y a todos los funcionarios públicos dedicados a la aplicación de la justicia, que entreguen su vida sin contar con ninguna seguridad? Y hablamos del mismo Millán para abajo.
Sorprendente, en verdad, es la coordinación del secretario de seguridad pública del gobierno, Humberto López Fabela, con el procurador Ramón Castro Atondo, dos funcionarios excepcionalmente sensibles a la realidad, que se comportan sin temor y la más seria de las entregas a su trabajo. No se puede decir lo mismo sobre la participación del delegado de la PGR, Miguel Sánchez Castillo, un joven más dedicado a los reflectores, pero esa puede ser el área más débil de la nueva estructura en esa institución donde se ha privilegiado la inexperiencia ante la infinita corrupción que existía.
Millán tiene, además, la ventaja de una relación franca, incluso amistosa con los dos responsables de las áreas de aplicación de justicia en nuestro país: Alejandro Gertz Manero y Rafael Macedo de la Concha. Ambos han puesto de su parte, pero no es suficiente, no podrá serlo frente al poder que debe vencerse.
En esta realidad surgen asociaciones, tal vez de buena fe, dedicadas a estorbar el trabajo policiaco como es la que preside Mercedes Murillo de Esquer, “Frente Cívico Sinaloense”, que pretenden que esta lucha se desarrolle sin incidente alguno, sin que los civiles sufran molestias. Sus declaraciones en contra del operativo montado después del atentado del comandante Pérez, al que calificó como “un espectáculo” ilustran uno de los nudos más irresolubles del problema.
Porque la sociedad quiere orden, quiere seguridad, quiere paz social pero sin que participen las fuerzas públicas, sin cooperar para ello, sin que sus personas y vehículos sean inspeccionados en busca de armas, sin que sus vecinos sean detenidos, sin que sus clientes dejen de comprar en efectivo toda clase de mercancías, sin que sus beneficiarios armen fiestas por las calles de su población, sin que las leyes sean constrictivas.
En pocas palabras sin pagar ningún precio.
Y, simplemente, no se puede.

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