La Escolta Debería Ir a la Carcel

La ineficiencia, supina, de los miembros de la seguridad del gobernador Patricio Martínez debería someterse a investigación criminal. Nada, absolutamente nada, puede justificar que en sus narices, a plena luz del día, en las oficinas de palacio de gobierno una persona pueda atentar contra su vida con esa inmensa impunidad.
Que no hayan visto la pistola, que nadie haya hecho nada para detener a un sujeto armado de características tan sospechosas como la expolicía que pretendió matarlo, no tiene justificación.
Porque ni siquiera, en un acto reflejo, hubo quien lo empujase, quien lo protegiese aventándolo fuera de la escena. Por el contrario la señorita tuvo todo el espacio, el tiempo, las ventajas para actuar.
Y esto no termina ahí, porque una vez ya en el suelo Patricio Martínez la gente que lo rodeaba, sus colaboradores, sus ayudantes, su escolta, los responsables de su seguridad, hasta su chofer se comportaron de la manera más estúpida, dejándolo desprotegido, puesto en manos de sus agresores, de cualquiera que en ese momento de extrema vulnerabilidad hubiese querido rematarlo.
Martínez está vivo de milagro. Le falló el tiro a la agresora. Que, de cualquier forma, fue muy precisa. Pero todavía más, el gobernador de Chihuahua está vivo contra los deseos de sus colaboradores más cercanos, que no quisieron y/o no supieron como actuar. No tenían previsto, que es inadmisible, qué hacer en una situación de este tipo.
Si la herida hubiese sido de mayor gravedad el tiempo que estuvo en el suelo, que además de estar expuesto a un segundo ataque fuese por parte de la agresora o de sus cómplices, habría significado la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué no lo levantaron, lo llevaron de inmediato al hospital más cercano? ¿A qué esperar por una camilla o por atención médica que no estaba a la mano? Y luego, que es definitivo en una situación así, ya en la camilla fue transportado hasta la ambulancia sin ninguna precaución.
Las grabaciones de periodistas presentes en el lugar, que estaban cumpliendo con su trabajo y a diferencia de los responsables de seguridad sí lo hicieron profesionalmente, muestran los tiempos largos, inmorales en que todo se hizo de la peor forma a conceptuar, contra lo que dicen los manuales, pero sobre todo contra el sentido común.
Que de acuerdo a estas imágenes la pistola utilizada por Victoria Loya haya permanecido en el suelo, sujeta a los lentes de las cámaras, es un testimonio espeluznante de esta falta de atención, de elemental capacidad por parte de la escolta, así como de sus colaboradores.
¿Era intencional?
En una entidad donde lo que impera es el crimen, la violencia, los asesinatos, donde cualquier funcionario menor expresa la medida de su miedo al rodearse de gente, donde ni siquiera los policías judiciales federales que van a trabajar actúan con tranquilidad, ¿qué puede explicar que el gobernador estuviese tan poco cuidado?
Cada día los medios de comunicación locales dan aviso sobre hechos criminales, levantones, asesinatos, ajusticiamientos en lugares públicos. ¿Cómo entender que no hubiese un detector de metales, tan indispensable, en el palacio de gobierno?
Si además, vamos a ser amables y creerlo de entrada, el señor Patricio Martínez había denunciado la complicidad entre miembros de la policía judicial federal asignados a la delegación estatal, igual que los funcionarios públicos de la PGR, y el poder inmenso del narcotráfico, ¿por qué no cuidarse, por qué no esperar que hubiese una acción de represalia en su contra?
Parte, en lo personal estoy cierta por muchas conversaciones que hemos tenido, de esto tiene su origen en la soberbia. En la actitud absurda de algunos funcionarios públicos, respecto a que la violencia es algo que no va a tocar a su puerta aunque, y en ese sentido lo que sobran son evidencias, se le permita la mayor convivencia. En el patio de su casa para ser precisa.
¿Es posible, creíble, que Patricio Martínez haya vivido en una abstracción tan irreal, tan fuera de contexto? ¿ O, por el contrario, tenía elementos suficientes para asumir que no sería lastimado por el poder criminal de los narcotraficantes? ¿Tenía en su poder alguna garantía, hubo algún pacto?
Esas son las preguntas que la sociedad mexicana necesita hacerse. Y también esas son las preguntas que las autoridades deben responder.
A la vez, la lección no sale sobrando, que otros gobernadores, funcionarios públicos, lideres de opinión, quien corresponda tendrían que someter a examen al aparato de seguridad en su conjunto. Tradicionalmente, hasta hace poco tiempo, esas funciones estaban en manos militares, fuesen responsabilidad de miembros del Estado Mayor Presidencial o de jefes castrenses en activo. Es obvio, baste revisar la realidad, que lo hicieron muy bien.
Si, en todo esto hay que insistir, Patricio Martínez tenía desconfianza en las policías federales y también en las locales, ¿quiénes lo cuidaban?. Un gobernador, si está enfrentando a los narcotraficantes como supongo que haría (sin conceder) Martínez, tiene la obligación con sus electores, con la ciudadanía de proteger su integridad física. No se puede ser tan inconsciente de ponerse cada día en manos criminales.
Pero, además, cualquiera que haya convivido con el poder estatal, en cualquier entidad de la República, sabe que es necesario un equipo de logística que organicen las giras, los desplazamientos, hasta la agenda del gobernador. Que se necesita un chofer, alguien que le ayude con los papeles, colaboradores que forzosamente tienen funciones cercanas a la seguridad del mandatario. Que, además, están sujetos a los mismos riesgos.
¿Por qué la infinita inconsciencia?
Y, sobre todo, qué hay detrás de esta actitud mental del gobernador.
No por último menos significativo, ¿quién o quiénes son los guardaespaldas, los colaboradores cercanos de Martínez que actuaron tan en contra de su integridad física? ¿Qué intereses o, en su caso, que inmensa incapacidad están detrás de esta conducta?

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