Las Vinculaciones Con el Narcotráfico de Gutierrez Rebollo a Cervantes Aguirre

* La Conexión Mexicana ¿en Manos del General Secretario de la Defensa Nacional?
¿Podríamos haber estado en manos de un general al servicio de los hermanos Arellano Félix, con poder suficiente para enviar a la cárcel a quien pretendió detenerlos? Hay tantas versiones que apuntan hacía esto, que señalan graves irregularidades en la gestión del general Enrique Cervantes Aguirre que deberían ser objeto de una investigación penal. Pero no hay quien pueda o quiera investigar a un hombre tan poderoso, con intereses económicos y políticos tan fuertes que sus incondicionales siguen colocados en las posiciones de mando más importantes hoy día.
El suyo no es el único caso de un ejercicio nefasto del poder militar, pero sí aquel que más daño hizo en lo interno, que menos respetó los límites legales para ejercerse.
En el Ejército mexicano parecería que los soldados tienen que vivir con el salario del miedo y del hambre, durmiendo en el suelo, caminando las montañas con ranchos raquíticos mientras que sus jefes pueden deshacer el país del presupuesto oficial a su antojo. La brecha entre la tropa y los jefes es cada día más grande.
Tanto como aquella entre los jefes y oficiales, los generales en su mayoría y el secretario de la Defensa Nacional en turno. Mientras estos deben ver, tanto durante el sexenio pasado, las lujosas remodelaciones de cuarteles con cargo a su salario, la construcción de obras faraónicas con la consecuente perdida de sus bonos para que los hijos y los compadres de Enrique Cervantes Aguirre pudiesen llenar las arcas familiares como sucedió con la constructora “Comalcalco”.
Lo normal es que un general retirado, después de cincuenta años de trabajar sin descanso viva en la modestia más lacerante. Lo acostumbrado es que aquellos que fueron sus jefes se lleven millones de dólares para festejar en el extranjero.
La pregunta a responder es, ninguna otra, si es posible ejercer el mando militar sin corrupción. Llámese como se llame el titular de las fuerzas armadas, el general que puede colocar una cuarta estrella junto a su águila insigne.
A querer, tan simple, es la única respuesta.
Nosotros, millones de mexicanos, tendremos el Ejército ahogado en el miasma más grande de la corrupción o el más cercano a la limpieza de un uniforme que va a pasar revista dependiendo de la voluntad de un solo hombre. Que, lamento decepcionar a los nuevos demócratas, en este caso no es el Presidente de la República.
Hay de estilos a estilos. Hasta el sexenio del general Antonio Riviello Bazán las utilidades, es decir los dineros sobrantes de la administración de las tiendas de la Secretaría estuvieron bajo el más libre de los albedríos del comandante en jefe. Fue él, de sus pistolas pero también de sus perdidas personales en el botín, quien decidió construir viviendas con ese dinero. De ahí que se hayan terminado más de doce mil en los seis años que fue Secretario.
Otro de los cambios importantes, tan sutil como preciso, fue dotar de presupuesto para reparaciones, improvistos, viáticos a las zonas militares. Antes de esta ordenanza correspondía a cada jefe allanarse los recursos para estos rubros. Y tradicionalmente lo hicieron prestando sus sueldos, que supuestamente no llegan a tiempo, a la tropa bajo su mando con intereses agiotistas. Práctica que no ha desaparecido.
De ese tamaño es la licitud, la amplitud de espacios para ejercer la vocación de lo que sea. Que sólo se compara con la capacidad de matar, en lo que puede calificarse entre comillas como “lícitamente” que sigue existiendo dentro de las fuerzas armadas mexicanas, aunque ya no se use como en los días en que de las cajuelas sacaban los cadáveres de los “muchachitos inconformes” para arrojarlos, en gesto más que bravío, a los pies del gobernador o del superior en turno.
Autoridad legal, práctica y de usos castrenses que permite que el general secretario de la Defensa Nacional mande a la cárcel a su compadre por haberle estorbado cualquier clase de negocio, o por quedar bien políticamente con la consigna de ser declarado culpable.
Juez, señor de orca y cuchillo, dueño de vidas y haciendas no sólo militares, el poder de que goza el comandante de las fuerzas armadas no conoce otra cuadratura que la del saludo que miles le hacen cada día.
¿Es eso corrupción? De mandar matar a colocar a sus hijos al frente de negocios millonarios, de comprarse casas de un lujo indescriptible, de tomar el dinero oficial en las manos sin límite conocido a mantener caballos lujosos nadie les ha dicho, hasta la fecha, dónde comienza lo licito. Dónde está situada la línea divisoria entre honestidad y corrupción.
O donde termina lo aparejado a su posición.
¿Dónde entra el narcotráfico en este esquema?
Durante largos años he escuchado fuera del mundo del uniforme toda clase de historias respecto a la vinculación de los jefes militares con el tráfico de drogas. De igual manera me he negado a creerlo, ahora ya no estaría tan segura en mis afirmaciones. Lo cierto es que siempre aparecerá el tema como una pantalla que acompaña, tal vez explica incluso actos de corrupción, igual que delimita confrontaciones internas por el poder. O, simplemente, el narcotráfico está permanentemente presente en las actuaciones públicas castrenses de la mayor controversia.
Y puede ser que en cada caso los dedos flamígeros que señalan estos ilícitos tengan razones de sobra para hacerlo, hay que admitir que resulta cada día más difícil meter manos al fuego por muchos de los hombres uniformados que tienen el mando territorial actualmente, quienes como Clemente Vega García, se atreven a declarar ante un juez que jamás quisieron investigar quiénes eran los dueños del negocio de la droga en la entidad donde estuvieron como jefes de zona militar.
Sólo que me parece que aquellos que están en la cárcel acusados de narcotraficantes son los inocentes de la historia. En lo que coincido con el sentimiento militar más arraigado entre sus compañeros de armas. Se puede llegar a señalar, abiertamente, la existencia de tantos elementos a favor de la inocencia de Jesús Gutiérrez Rebollo como aquellos que apuntan a la necesidad de someter a juicio al general Cervantes Aguirre.
Es al revés, pues.
La acusación, personal y criminal para calificarla en apretada síntesis, contra quien fuese comandante de la Quinta Región Militar y responsable del combate a la droga en al PGR, se cae por su propio peso. No existe, dentro del marco de austeridad institucional, de los usos castrenses, jefe militar que no pueda pagarle la renta de un departamento de lujo a su amante como hiciera Rebollo. Pretexto inmoral para destapar una cloaca que sólo estuvo en la imaginación de Cervantes Aguirre.
¿Qué si era, qué sí hizo, qué sí existe en la trayectoria del general Gutiérrez Rebollo? En definitivo la interesada investigación, persecución y detención de cabecillas del narcotráfico, desde el mismo “Güero Palma” hasta Amado Carrillo que después sería dejado en libertad por el gobierno de Salinas de Gortari, bajo la Subprocuraduría de Javier Coello Trejo.
Para estos resultados el general, como muchos otros, se rodeó de informantes, penetró los mundos sórdidos y la alta sociedad jalisciense. No se ha podido encontrar, en cambio, un solo elemento que pruebe complicidad interesada, que demuestre algún beneficio económico recibido a cambio de su conducta. Y vaya que tendría que haber valido millones de dólares cualquier pequeño favor a esas mafias criminales.
Como militar Jesús Gutiérrez Rebollo sigue contando con el respeto, con la solidaridad, con el aprecio de la élite del mando. Eso vale mucho, tanto como sus insignias que le han obligado a guardar silencio.
Como hombre de armas, como soldado parido por el H. Colegio Militar Rebollo daba el gasto en su casa con los mayores controles, pagaba abonos en el banco del Ejército y mantenía hijos en otros domicilios sin faltar nada. Es la rutina de muchos generales. En cambio son muy pocos quienes le hayan entregado millones de dólares en propia mano a su jefe, entonces Enrique Cervantes, para luego descubrir que estos habían dejado de entrar al erario público como era obligación legal.
Este es el brete, el punto de rompimiento real entre ambos generales, lo que convierte a su enfrentamiento en un asunto de poder y no legal, no de vinculación con el narcotráfico. Junto con la versión de la investigación que llevaba Gutiérrez Rebollo en Colima con ramificaciones a la familia de la esposa de Zedillo, pero sobre todo su persecución implacable a los hermanos Arellano Félix, así fuese con indagaciones alimentadas por otras organizaciones criminales.
Tan comprobable como buscar en los archivos, como fue admitido por la propia Sedena de Cervantes Aguirre en su día, el entonces jefe de la comandancia de la Quinta Región Militar le entregó en propia mano doce millones de dólares a su jefe, producto de un decomiso en Nayarit que, a su vez, recibiese del jefe de la zona militar. Dos años después, al ser nombrado en la PGR descubrió que este dinero no fue depositado en la cuenta especial de bienes asegurados, como lo marca la ley. Sería hasta después de dos meses del encarcelamiento de Rebollo que ese dinero, sin interés devengado alguno, se entregó al gobierno.
No es el único caso.
Estamos hablando de millones de dólares que los militares encuentran frecuentemente en los decomisos de drogas, en los operativos para detener a narcotraficantes y que no tienen forma de ser controlados legalmente por autoridades, ministerios públicos federales que, simplemente no participan en el operativo respectivo. Es a voluntad del jefe de zona, del comandante de región militar, del propio titular de la Sedena que se haga o no un informe de ese dinero. Y la costumbre ha sido en contrario, dentro del enfrentamiento cotidiano con autoridades calificadas por los militares como corruptas.
Sin embargo, también es la usanza que se convierte internamente en ley, que ese dinero sea llevado directamente a las oficinas del general secretario y que se haga abstracción alguna sobre su destino final. No es fajina que le corresponda a general alguno esa fiscalización.
¿De qué cantidades hablamos? Obviamente cifras millonarias en dólares que los narcotraficantes no pueden reclamarle a nadie. Lo del agua al agua suele decirse.
Siendo Francisco Molina, porque si el testimonio del general Gutiérrez Rebollo, aceptado con sus asegunes semejantes a los de Cabal Peniche por la Sedena, no fuese confiable por su situación personal sobran otros, responsable de la oficina de la PGR para combatir al narcotráfico hubo un operativo, de esos paralegales que luego institucionalmente tenían que ser “adecuados” ante la opinión pública (como cuando José Antonio González Fernández, desde la procuraduría de justicia del Distrito Federal tuvo que sacar la cara para explicar la detención del “comandante Germán”) en un hotel del sur de la Ciudad de México.
Este, en especial, llamó mucho la atención pública por el exceso de hombre enmascarados vestidos de negro que irrumpieron en sus instalaciones. Se trataba de un “pitazo” que llevó, tarde como solía pasar en todo lo que la Sedena de Cervantes Aguirre tuvo que ver con los hermanos Arellano Félix, a la detención de varios operadores menores con dinero en sus manos.
Días después uno de los jefes de ministerios públicos bajo sus ordenes fue enviado a las oficinas del Estado Mayor de la Sedena, y ahí recibió la encomienda de recibir a los detenidos y el dinero, tres millones de dólares, “por la vía económica”. Es decir sin fundamento legal alguno. Por razones propias de su personalidad decidió inconformarse, a su decir no había apego mínimo a la ley en estos hechos.
A Molina no le quedo más remedio que aceptar lo anterior y enviar, porque era orden presidencial como decían los militares, a otro funcionario. Al llegar al conocimiento de la opinión pública estos hechos, ya con la supuesta participación de otras autoridades federales para lavar la cara a los gafes militares, la cifra de dólares incautados había bajado a dos millones de dólares.
Eso fue lo que recibieron los funcionarios de la PGR. Estamos hablando de un millón de dólares perdido sobre el escritorio de un subjefe del estado mayor de la Defensa Nacional. Y quienes conocemos los usos y costumbres castrenses sabemos que eso solo puede suceder por “orden superior”.
Casualmente ese mismo general se vio envuelto en problemas legales que no le correspondían por su participación en los hechos de la colonia Buenos Aires sin contar con ningún apoyo oficial de su jefe, antes al contrario fue empujado al abismo como solía suceder con quienes le sabían alguna historia a Cervantes Aguirre.
¿Cuántos otros casos, de millones de dólares entregados en su mano y que no fueron depositados en la cuenta respectiva, como ordena la ley, habremos de ignorar para siempre?
Lo que aparece como reiteración insultante es que el poder castrense permite, en esas alturas, todo. Que depende, exclusivamente, de las convicciones internas del comandante en jefe actuar en determinado rango de complicidad, de corrupción, de tolerancia o no con hechos violentos o de cohecho entre sus subordinados.
Otra vez la referencia, obligada, será para el general Riviello Bazán que era tan escrupuloso en estos asuntos que retiró de una zona militar a un general que vino a informarle del intento de soborno que había sufrido. Su expresión, dura, era que la “maleta de dinero”, los trescientos mil dólares que fueron llevados a su presencia debieron pasar muchas puertas antes. Por eso la perdida de confianza irreversible.
Años después escuché, en mi casa, de boca del protagonista la otra parte de la historia: aquel que intentó entregarle el “cochupo”, pago muy barato por cierto, fue detenido en su oficina y una vez juzgado estuvo dos años en la cárcel.
¿Cuestión de estilos, de flexibilidad, de complicidades impronunciables?
No es el único cuestionamiento que surge al revisar algunos hechos acontecidos durante la administración pasada.
¿El incendio en la fabrica de pertrechos del Ejército fue intencional? No conozco a ningún jefe militar que no piense así, que no afirme que el general Enrique Cervantes tenía una gran necesidad de ocultar un faltante inmenso que se fue arrastrando desde los días en que fue su titular.
¿El control de las delegaciones de la PGR por Cervantes Aguirre permitió el auge del cartel de Tijuana? Los enterados del narcotráfico en el país lo aseguran así, lo que puede comprobarse es que también “azarosamente” ninguno de los oficiales comisionados por el Secretario de la Defensa Nacional pudo hacer nada en contra de este grupo.
¿La detención de los generales Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro tuvo o no el efecto de asustar a todos los jefes militares que podían haber incriminado a Cervantes Aguirre en cualquier ilícito? Lo cierto es que hasta la fecha sigue existiendo, frente a un amigo tan cercano a Cervantes como es el general Vega García ese mismo temor.
¿El entonces jefe de la policía judicial federal, general Álvarez Nahra, compadre querido de Cervantes, tío de los socios de los hijos de este en la constructora que realizó la mayor parte de la obra sexenal de la Sedena, estaba coludido con el narcotráfico? La verdad comprobable por cualquiera que quiera hacerlo es que con toda impunidad comandantes nombrados por él, en plazas que valían millones de dólares, actuaron a favor de estos mismos narcotraficantes como si contasen con el apoyo total de su jefe, sin sufrir ninguna molestia en su desempeño.
¿El hijo de Cervantes Aguirre, agregado de la PGR en Estados Unidos, tenía acceso a información privilegiada de las agencias de ese país que pudo haber ayudado a su inmunidad? Cualquiera puede conocer de la gran desconfianza que tuvieron todo el sexenio anterior tanto la DEA como el FBI con las autoridades mexicanas, incluido por supuesto este personaje. Sencillamente no querían trabajar en conjunto.
¿La operación sellamiento en la frontera sur, donde participó el Ejército, ayudó o no al debilitamiento del Cartel de Juárez para beneplácito de los hermanos Arellano Félix?
¿Actuaba o no como un subordinado del general Cervantes Aguirre el procurador Madrazo Cuellar que, también casualmente, no pudo realizar ningún operativo exitoso contra el multicitado cartel de Tijuana?
¿Qué significado tiene la lista de jefes militares que de acuerdo con Irving Trigo, en su libro sobre el “Caso Cancún” intentaron obligarlo a incriminar en el narcotráfico? Entre estos estarían, casualmente otra vez, quienes podían haber estado enterados de la verdadera vinculación de Cervantes Aguirre con criminales como es quien fuese su jefe de ayudantes, ahora general Murillo Soberanis, o su enemigo como es Mario Palmerín Cordero, así como el segundo en mando en el área de Álvarez Nahra. Esta intención jamás hubiese sucedido, de ser cierta como consta en las publicaciones de los implicados, sin orden superior.
¿Ordenó Cervantes Aguirre que toda la droga incautada a los narcotraficantes fuese guardada en los cuarteles militares? Es obvio que sí. De donde deberíamos hacer muchas otras preguntas: ¿Por qué no se conoce su destino cierto, por qué no se ha ordenado quemarla, quiero decir toda en verdad no un espectáculo ocasional engañabobos, en este primer año del mandato del Presidente Fox? ¿A qué tienen miedo los comandantes de zona militar que no le piden a los jueces su incineración, cuánta droga podría faltarles si ésta fue recibida sin control alguno? ¿A quiénes favoreció en el pasado inmediato esta anarquía en su manejo ordenada desde el escritorio de Enrique Cervantes?
Todo lo anterior, más infinidad de realidades que están sobre la mesa para quien quiera verlas, podría remitirnos a la existencia de una muy grande Conexión Mexicana con el grupo de los hermanos Arellano Félix en la parte operativa, con la protección oficial más espeluznante.
Se trataría de un gran cartel de la droga nacional cuyo padrino sería el mismo que despachaba como secretario de la defensa nacional, general de división con cuatro estrellas, Enrique Cervantes Aguirre.
Esto explicaría la persecución, incluso el intento de asesinato en el hospital militar, del general Gutiérrez Rebollo antes de que pudiese llegar hasta su persona, que lograse investigar sus verdaderas actividades delictivas por el nombramiento, presidencial, que tuvo en la oficina de combate a la droga. Ni siquiera pudo conocer bien a bien sus oficinas, apenas había logrado transportar el armamento que utilizaba en sus operativos, no había concretado los nombramientos de su gente de confianza, algunos que sufren hoy también la cárcel.
¿Por qué la prisa por quitarlo de en medio? ¿Por qué la urgencia en descubrir “conductas ilícitas” que ningún jefe militar hubiese podido realizar sin el conocimiento de su jefe, sin la sospecha de sus subalternos, sin el señalamiento de sus pares?
Hay quien afirma, entre los militares incluso, que a Cervantes Aguirre le tembló la mano para matarlo, que pretendió “desaparecerlo” con una intervención quirúrgica innecesaria en el hospital militar pero la presencia, absolutamente casual, del general Riviello en una visita afectuosa a su subalterno lo evitó.
De ese tamaño habría sido su miedo. También de esa dimensión tiene que haber sido la organización criminal en sus manos.
Estamos hablando de un poder tan grande, con ramificaciones dentro y fuera de lo castrense, que cubrió hasta su salida, hasta su retiro gozoso hoy protegido por soldados. Cervantes Aguirre tiene otorgado, por alguna razón muy oscura, el más grande salvoconducto de inmunidad, tanto en su seguridad física como en su inconmensurable libertad. No hay, no habrá por lo visto, cuestionamiento sobre sus conductas pasadas, así existan innumerables pruebas de toda clase de ilícitos, desde constructoras, presupuestos inflados, excesos en el mando castrense, negocios centaveros y todas las expresiones relacionadas con el narcotráfico ya señaladas.
¿Puede darse esto en la Sedena? Con la mayor tranquilidad. No hay instrumento alguno de fiscalización a las conductas del comandante en jefe mientras que el control de cada paso, cada hora del día, de los jefes militares es incalificable. Ningún comandante de zona puede, siquiera, alejarse algunos kilómetros de su oficina sin que sea enterado de inmediato, oficialmente, el secretario de la Defensa Nacional. Cada día del año. Las bitácoras castrenses son de una severidad como de prisión. De ahí que los militares sigan pensando que no existió forma alguna, práctica, de que el general Gutiérrez Rebollo pudiese haber estado en contubernio con narcotraficantes sin que primero el general Riviello y luego Cervantes tuviesen conocimiento.
¿Por qué un general que demostró en los hechos, se vale recordar Tlalixcoyan y su secuela, no tener la mínima complacencia con ilícitos de ningún tipo habría cerrado los ojos ante Gutiérrez Rebollo, ratificado largo tiempo en su mando en la Quinta Región Militar por sus resultados? A diferencia de lo que acontece con Cervantes Aguirre el exsecretario es un hombre que vive con austeridad, que no se esconde de nadie, que no ha recibido ningún cuestionamiento ni civil ni castrense en estos años.
El aval, que no ha sido retirado pese a su encarcelamiento, del general Riviello para Gutiérrez Rebollo tiene un peso moral inmenso.
De ahí que, haciendo literatura, hubiese que imaginar si fuese al contrario. ¿Qué sucedería si Rebollo fuese la víctima? Si quien estaba en complicidad total con un poderoso cartel de la droga hubiese sido Cervantes Aguirre… nadie hubiese podido saberlo entre sus subordinados, ni tendría capacidad para inquirir sobre su conducta en ningún momento. El que daba las ordenes era él, incluidas quienes debían ir a prisión militar por supuestos delitos de tráfico de drogas o de, tan ridículo como consta en el expediente militar de Rebollo, por la utilización de un soldado como cocinero en su casa.
¿Es tiempo, el de hoy en la transición política más complicada de la
historia, para señalar la corrupción, las vinculaciones de los altos mandos militares con el narcotráfico? Pese a la imposición del actual titular de la Defensa Nacional tan vinculado con el pasado inmediato, no obstante la convicción interna de proteger a los hombres del uniforme de cualquier escrutinio público, estoy cierta que a todos nos haría bien por lo menos conocer lo que está sucediendo, lo que ha venido pasando en los últimos años dentro de las fuerzas armadas.
Al menos cada día recibo dos o más correos electrónicos interesados en denunciar estos ilícitos o en preguntarme sobre el pasado más reciente dentro de los cuarteles. Dentro del derecho a la información tan citado en estas semanas, la ciudadanía tiene justamente eso, el derecho a saber la realidad de sus fuerzas armadas. De la corrupción institucionalizada a las vinculaciones con los grupos de narcotraficantes.
¿Quién tiene el valor de denunciar estos hechos, ante qué autoridad hacerlo, me preguntan?
Lamento no contar con una respuesta. Cuando se revisa el organigrama de los altos mandos militares actuales es sencillísimo comprobar que Enrique Cervantes Aguirre sigue siendo, a diferencia de lo que vivieron en su tiempo sus antecesores, un hombre de gran influencia hacía dentro de las fuerzas armadas. Sus incondicionales siguen estando en las posiciones claves y, obviamente, en los lugares donde se debe combatir el narcotráfico.
Y aquí es donde entramos a otra discusión de fondo irresuelta a perpetuidad, que refiere si es que existió o existe una vinculación entre el anterior titular de la Sedena y el tráfico internacional de droga, qué nos garantiza que sus conexiones no sigan imperando, que sus ramificaciones no sigan teniendo el control que explicaría, así fuese someramente, que los hermanos Arellano Félix sigan en libertad, con toda la voluntad para su captura (esta sí real, tanto como la probada en la detención de otros jefes del narcotráfico) que ha demostrado el procurador Rafael Macedo de la Concha. Que, también hay que recordarlo, no tuvo otra opción que cumplir las ordenes superiores como procurador de justicia militar.
¿Podría cualquier autoridad civil hacer algo contra la protección militar a los narcotraficantes, de existir esta en nuestro país? Quiero decir, con todas sus letras, de existir este fenómeno en algunas zonas militares de nuestro país.
¿Por qué los mexicanos no tenemos acceso a los expedientes militares de los jefes de zona, de los comandantes de región? ¿Por qué no podemos saber realmente quiénes son, dónde han desempeñado sus comisiones anteriores, cómo viven, cuánto dinero tienen, quiénes son sus amigos? ¿Por qué, tan primario, no puede un periodista ser recibido por un jefe militar de no existir orden directa del titular de la Sedena? ¿Por qué el general Clemente Vega García ha prohibido el contacto de los analistas que en verdad conocen a las fuerzas armadas con los jefes militares actuales? ¿Qué oculta el actual titular de la Sedena?
No debemos olvidar que en la PGR de Madrazo Cuellar mandaba también el titular de la Sedena.
¿Cuál es el verdadero papel del Ejército en las labores de policía, en la investigación del narcotráfico, en los operativos para detener a criminales vinculados con estos delitos? ¿Por qué ocultarlo, por qué actuar fuera de la legislación actual, porque negarlo ante el juez como hiciera el mismo titular de la Defensa Nacional en su declaración respecto a Mario Villanueva?
¿Cómo entender esa declaración, esa definición pública de que jamás realizó, el general Vega García como comandante de la 34 zona militar durante más de un año, ninguna labor de investigación sobre el narcotráfico? ¿Qué hace entonces, en cada zona militar, la sección segunda de estado mayor? ¿Qué sentido tiene entonces, en cada región militar, el monitoreo diario de conversaciones telefónicas?
¿Por qué no investigar oficialmente toda la gran suma de sospechas respecto al desempeño del general Cervantes Aguirre durante el sexenio pasado? ¿Por qué no conocer su fortuna personal, la de sus hijos, su domicilio, sus cuentas en el extranjero? ¿Por qué no tomar las declaraciones de tantos jefes militares deseosos de denunciar los excesos que padecieron, las inmoralidades que presenciaron?
¿Por qué los mexicanos no tenemos el derecho de conocer la realidad del anterior jefe militar, fuese para su responsabilidad legal correspondiente o para su exculpación? ¿Existen intocables en este sexenio del cambio?

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