Policías y Militares Detrás de los Crímenes Contra Abogados

* La Autoridad ¿con Permiso Para Matar?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afirma que todos los ciudadanos son inocentes hasta prueba en contrario, hasta que un representante del poder judicial los declare culpables de haber cometido algún delito.
Eso tendría que ser respetado por todos.
Además, siempre de acuerdo con las leyes vigentes, sus derechos humanos deben ser estrictamente salvaguardados por la autoridad.
Si los mexicanos no tenemos, no deberíamos mostrar ninguna tolerancia a los excesos de los criminales, sean viles ladrones o secuestradores o violadores, menos todavía puede haber anuencia respecto a las autoridades que reciben su sueldo de nuestros impuestos, que están doblemente obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes.
La semana pasada en un operativo que desde su origen está completamente viciado, digamos que hasta fuera de la ley, policías judiciales militares asesinaron a uno de los abogados del narcotraficante Gilberto García Mena, alías “El June”, a la salida de la cárcel de alta seguridad de La Palma, en el poblado de Almoloya, Estado de México.
Si el susodicho, que corresponde al nombre de Francisco José Flores Iruegas, era o no cómplice de éste, si se trata de un narcotraficante, no es relevante para los hechos criminales. Para los balazos que recibió, uno de ellos por la espalda, de parte de la supuesta autoridad militar.
Nada justifica, explica o siquiera podría suavizar una realidad donde se cometió un asesinato bajo el amparo del uniforme, de la placa, de la orden superior en situación de absoluta ventaja.
Y lo que nos queda, a millones de mexicanos, es una gran suma de preguntas. La primera de ellas por qué motivo correspondía a policías judiciales militares la detención, o tal vez incluso se trataba de una “orden de presentación” que es muy distinta, del abogado y sus acompañantes. ¿Quiénes fueron testigos de los hechos? ¿Hubo o no un enfrentamiento, qué armas se dispararon si de acuerdo con las versiones publicadas la víctima no hubiese accionado ninguna? A lo que debe agregarse que nadie, ni loco que estuviese llega a Almoloya, donde hay que pasar innumerables revisiones hasta de la vagina y el ano, textuales, armado.
Los militares tienen un entrenamiento distinto al de los policías, mucho más cuando se trata de integrantes de grupos de elite, de donde se debe suponer que los citados abogados eran muy peligrosos. Pero aquí, otra vez, hay una serie de incoherencias que no tienen traducción.
Porque los tres abogados, uno asesinado por los militares y dos ya detenidos en Almoloya, no estaban huyendo sino eran absolutamente localizables. Para poder presentarse en Almoloya, en cualquier diligencia, es necesario realizar trámites con mucha antelación.
Y, en todo momento, identificarse previamente. Cumplir una serie muy estricta de requisitos. Por lo tanto era más que sabido que estarían ahí en ese momento. Quienes huyen, que es lo que justificaría su reacción, su enfrentamiento con las autoridades que iban a detenerlos, no avisan dónde estarán ni a que horas.
Por lo tanto no es de creerse que estuvieran escondidos ni dispuestos a huir frente a la autoridad. En los hechos estaban en manos de las autoridades porque lo fácil hubiese sido no dejarlos salir de Almoloya… ¿Por qué no lo hicieron así, por qué la policía judicial federal no se presentó a la prisión y, simplemente, evitó que salieran de ahí?
¿Qué perseguían realmente los asesinos del abogado?
¿Qué se buscaba silenciar con este asesinato?
¿Por qué el mismo procurador Macedo de la Concha, ajeno totalmente a estos ilícitos y excesos inmorales, ha declarado que estarían detenidos militares por este crimen?
Cuando el narcotráfico ha logrado coludirse con las autoridades en todos los niveles, hechos como éste despiertan todas las sospechas a imaginar. Desde un ajuste de cuentas entre grupos hasta el empleo de los militares como sicarios a sueldo de otros narcotraficantes.
Por el otro lado, la posibilidad aunque fuese remota de que los policías judiciales militares simplemente se hayan asustado, hayan hecho mal uso de las armas que traían, nos estaría enfrentando a la inconveniencia de que militares realicen funciones de policías. Simplemente no fueron entrenados para eso.
Sobre cualquier posibilidad lo que los mexicanos tenemos que hacer, de frente a este crimen tanto como al asesinato del abogado Mario Cesar Escobedo Anaya en Ciudad Juárez, también a manos de policías judiciales estatales, es protestar enérgicamente porque en los hechos la autoridad se convierta en criminales con permiso.
El Estado de Derecho como tal, como una premisa que permite que la Nación exista, resulta gravemente agraviado con estos hechos que merecen la investigación y el castigo más ejemplares.

Adelante, opina: