El Miasma de Juarez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- “.Pero lo tienes que hacer en el Paso ya que aqui todas las policías j. federal parte de la municipal, celulas mistas y la fiscalía especial son pagadas por Vicente Carrillo, el único en el que se puede confiar es en el governador y el procurador del estado no asi en los agentes de la policia del Estado. La denuncia la tienes que hacer en el Paso para que el FBI investigue bien por que aquí en Juarez la policia es la encargada de limpiar a las personas que le estorban a ellos “Vicente”…”
Este es el consejo que, por escrito, le daba el 18 de enero de 1998 Rafael Muñoz Talavera a un amigo a quien le habían “levantado” a su hijo.
Se trata del testimonio de un narcotraficante que tiempo después moriría ejecutado en las calles de esa población por traicionar al Cartel de Carrillo Fuentes, al llevar varias toneladas de cocaína pertenecientes a los hermanos Arellano Félix a Estados Unidos. Igual que su concuño, Rafael Aguilar Guajardo, asesinado en Cancún por ordenes del heredero del “Señor de los Cielos”.
Estas “policías” compradas, pagadas, supeditadas fueron las que permitieron a finales de ese año, 1998, se efectuase la macroreunión de los responsables del tráfico de drogas en el país, incluidos autoridades civiles y militares cómplices. El salvoconducto que se utilizó, que permitía el libre paso entre los cientos de sicarios y acompañantes, fue una pesada cadena de oro de la que pendía un alacrán.
¿Suena a ficción?
¿Cómo calificar que el viernes 18 de enero del 2002, cuando un operativo especial de seguridad enmarcaba la visita del Procurador General de la República, cuando todavía estaba fresco el eco de sus compromisos contra la impunidad en el asesinato de casi trescientas mujeres, fuese victimada Ivette Lucero Campos a la salida de la maquiladora donde trabajaba a las siete de la noche? No alcanza el adjetivo provocación, no es suficiente ninguna expresión de indignación.
Esto es tan sólo el principio. Un hilo conductor de donde tomar, diría que al azar, el relato de la violencia complacida en esta frontera.
Ciudad Juárez, Chihuahua, la plaza más codiciada, caliente, pródiga para los narcotraficantes sigue en litigio. Ahora no sólo entre los dos grandes carteles sino también contra el grupo local protegido por el recién nombrado procurador de justicia del Estado, Jesús “Chito” Solís, que además de ser amigo de la infancia del gobernador Patricio Martínez, es el responsable de cuidar las apuestas que se hacen en las carreras de caballos que organiza, para el disfrute de estos personajes, su hermano Eduardo en “La Sierrita”.
Es él quien cobra y también el que entrega esos camiones de dinero que se pueden perder porque no tienen valor, se afirma en los altos niveles sociales. Su trayectoria pública comenzó cuando era director de la policía al descubrirse la siembra de miles de hectáreas de marihuana en el rancho El Búfalo. Desde ese entonces los servicios de inteligencia militar tienen abierto su expediente.
Pero si las autoridades quisieran enterarse bastaría con preguntarle al protagonista de un decomiso de droga, a mediados del año pasado, en que al encontrase con cientos de paquetes de cocaína de una libra, que es la forma como marca su mercancía Crispín Borunda -el vecino del gobernador-, recibió la petición de responder a una llamada telefónica por el celular del delincuente a cargo de la bodega. para, tan sencillo, enterarse de que la droga era cuidada por el hermano de Solís. Lo que, en su lenguaje, equivalía al mayor salvoconducto.
¿Suficientes pruebas en su contra?
Si algo puede sorprender al ciudadano común en Ciudad Juárez es la libertad, el desparpajo pleno de cinismo con el que la gente ser refiere al narcotráfico. Como si existiese otra moral, una forma de juzgar a sus protagonistas donde los crímenes no tienen traducción.
Y, también, otra cultura para enterrar a las víctimas. Diría que a la luz del día. Así en la carretera Juárez-Casas Grandes, exactamente a la altura del kilómetro 16, estaría una casa de seguridad del Cartel de Juárez todavía en operación. Desde quinientos metros de distancia se puede observar a hombres armados custodiando el lugar. Ahí habría muchos cuerpos enterrados pero la autoridad necesitaría entrar con un grupo muy fuerte. o esperar la presión del FBI como sucedió en el rancho Las Campanas, situado a escasos quince minutos de distancia de esta dirección.
“Y hay otra, por el rumbo de la Zaragoza” me avisó mi informante. En todas ellas habría “actuado” de prestanombres José Luis Blancas, otro célebre miembro del Cartel de Amado Carrillo.
Por si quedase alguna duda de la veracidad de estas afirmaciones, en una finca colindante con el rancho Las Campanas, el que dio la vuelta al mundo por la presencia de agentes el FBI desenterrando restos humanos, fue encontrado el cadáver de un hombre de 77 años asesinado a golpes la primera semana de diciembre del año pasado. El inmueble pertenecía a Jesús “Chuy” Sotelo, transportista del Cartel de Juárez que, a su vez, fue ejecutado dos días antes.
¿Qué otorga tal exención de la ley a estos delincuentes? ¿Cómo es posible que cualquiera pueda averiguar en pocos días tanto y, en contraste, el delegado de la PGR, Lorenzo Aquino, un abogado provinciano, no lo sepa? ¿O, lo que es más grave, lo conozca pero no haga nada?
No hay más que una respuesta. La violencia, los crímenes, el narcotráfico existen en Ciudad Juárez porque las policías, consta no solamente en el testimonio de uno de los más tristemente miembros de esta cofradía, están al servicio de los criminales.
Por esta misma razón, como si esta falta de moral pública y privada fuese el gran árbol que cobija todos los crímenes, es que han podido asesinarse desde 1993, según cifras oficiales, a 246 mujeres. Número que crece cada semana. Ante el silencio cómplice de sociedad y autoridades.
En diciembre del año pasado fueron hallados ocho cadáveres del sexo femenino, muertas en diversas fechas, a ras de tierra en un paraje céntrico, que por mera casualidad está cercano a la zona donde viven muchos de los narcotraficantes, a escasos metros de una avenida principal, vecino de uno de los centros comerciales más visitados.
Recorrer el sitio, ver el tráfico de vehículos, de personas a su alrededor, contemplar las cruces improvisadas sobre la basura que trabajosamente pudo cubrir sus desnudeces mancilladas, sus jóvenes cuerpos en descomposición, está cargado de violencia. Es un ejercicio que recuerda la capacidad de indignación.
¿Impunidad?
Nadie conoce el verdadero significado de este vocablo si no ha recorrido los paisajes desérticos de esta frontera. Si no ha conseguido controlar el deseo de vomitar frente a la ostentación infinita del poder de las mafias criminales en esta tierra de nadie donde se ha prohibido el respeto a las leyes.
Junto con la tragedia de las mujeres asesinadas, pervive la realidad de 196 desaparecidos también a partir del mismo año de 1993, veintisiete de ellos con nacionalidad norteamericana lo que ha obligado la intervención del FBI que, en palabras de Hardrick Crawford Jr, agente especial a cargo de esta investigación, ha documentado 17 asesinatos y 24 secuestros que junto con la identificación de los cuerpos hallados en el rancho Las Campanas, permite 46 cargos contra Vicente Carrillo.
“De acuerdo con sus convivencias nos piden que dejemos descansar a los muertos. Tal parece que a las autoridades estatales o federales jamás les interesará resolver ese cáncer, debido a que está de por medio la participación muy clara de autoridades de los tres niveles” asegura Jaime Hervella, un ciudadano de El Paso que fundo la Asociación de Familiares y Amigos de personas desaparecidas hace más de tres años.
En su contabilidad, no exenta de resentimiento, el señor Hervella afirma que han padecido: “Una indiferencia criminal del gobierno de Francisco Barrio, los ataques virulentos de Francisco Molina Ruiz, la ineptitud de Arturo Chávez Chávez y de Jorge López Molinar. igual que por parte de la administración de Patricio Martínez”
En estas “desapariciones forzadas” se han presentado, ante la autoridad federal, acusaciones que derivaron en actas circunstanciadas donde aparecen como presuntos implicados en secuestros y asesinatos los siguientes nombres: Rodolfo León Aragón, Adrián Carrera Fuentes, Emilio Islas Rángel, Guillermo Salazar Ramos, Martín Armendáriz Chaparro, Víctor Patiño, Arnulfo Galindo, Dulio Sánchez, Francisco Mijares, entre otros.
Su destino ha sido, hasta la fecha, benévolo. Gozan de cabal salud habría que certificar. No son los únicos victimarios que disfrutan de libertad pero sí quienes más pueden agraviar a los familiares de las victimas, precisamente por haber realizado infinidad de denuncias en su contra.
En relación con Ciudad Juárez, con las desapariciones, los secuestros, los asesinatos el resumen es muy simple: Quienes no huyen de la justicia están, precisamente, cobrando en la nómina federal de diferentes corporaciones policíacas que deberían perseguirlos. O, como en el caso de Francisco Mijares, reciben felicitaciones por su buen desempeño como autoridad pública. No obstante las graves sospechas, las menciones en cada expediente que lo convierten en indiciado.
Prestigitador si los hay, el comandante Mijares ha entregado el mayor número de pagos millonarios en dólares para rescatar a secuestrados, sin testigos obviamente, que se recuerde. Casualmente no ha logrado detener a los criminales pero se las arregla para manipular a las familias que nunca han levantado una demanda en su contra.
Uno, imposible evitarlo, se pregunta por qué puede suceder tanto. Y la respuesta sólo puede encontrarse en el diagnóstico que hace Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública: “El sistema de seguridad y justicia está al servicio de la delincuencia”.
El funcionario público, que ha demostrado una independencia francamente subversiva durante su desempeño, es lapidario al afirmar que en las cárceles mexicanas: “Se encuentra una minoría de presuntos delincuentes que no supieron establecer vínculos de complicidad o los pagos necesarios para mantenerse en libertad, mientras los grandes delincuentes gozan de una impunidad que ofende a toda la comunidad”.
Aunque tal vez esta norma, la del agravio a la sociedad, no se aplique en Ciudad Juárez, en el estado todo de Chihuahua donde han recibido sin demasiadas protestas el nombramiento de un procurador señalado como el mayor operador del nuevo cartel de la droga en el norte del país, y de un jefe de la policía judicial, Vicente González García, que fue cesado en 1995 por cometer ilícitos, que destacó como brazo derecho del comandante Elías Ramírez, suma del lado más oscuro de la Subprocuraduría de Javier Coello. A su vez, antes de tomar posesión, “Chito” Solís impuso a Guillermo Prieto otro de sus incondicionales al frente de la policía municipal de Ciudad Juárez y recomendó a los directores de los penales estatales, con lo que se cierra eficientemente su pinza del control.
¿Es una burla?
Parece un acto lógico en un gobierno donde se ha protegido los intereses de un grupo de narcotraficantes vinculados con el Cartel de Tijuana, en donde participan además del mencionado “Chito” Solís, compadres y amigos del gobernador Martínez. Esta realidad es la que ha dado motivo al rumor de que el atentado en su contra fue obra de Vicente Carrillo. Y, obviamente, es la explicación del mensaje del gobernador en el aniversario de su atentado, perdonando al autor intelectual, con el compromiso de no ejercer venganza.
¿Qué se puede pensar de un gobernador cuyo rancho es vecino de la propiedad de los hermanos Borunda, presuntos narcotraficantes, y quienes por esa cercanía gozan de total impunidad para ocultar ahí armas y droga? No son los únicos, junto a los hermanos Borunda hay que contabilizar a los “Tres de la Sierra”, a los Cepeda, a Raúl Muñoz Talavera.
También en este “selecto grupo local” estaba uno de los transportistas más prósperos de la entidad, Chuy Sotelo Caro, que fuese ejecutado la tarde del primero de diciembre del año pasado en una gasolinera de Ciudad Juárez, supuestamente por un cargamento de cocaína que metió por la frontera de Palomas sin autorización previa de Vicente Carrillo. Aunque también circula la versión de un enfrentamiento con un narcotraficante de Jalisco, por una apuesta mal pagada en una carrera de caballos en Chihuahua, en “La Sierrita” bajo el patrocinio de Eduardo Solís.
Lo cierto es que todo mundo sabía que era el principal transportista de droga, que incluso como tal lo señalé en un reportaje publicado en junio del año pasado, y que vivía sin ninguna molestia de las autoridades. Su hermano es el presidente de la asociación de transportistas de Ciudad Juárez.
El señor Sotelo había estado preso en 1992 por narcotráfico en Estados Unidos, consiguió ser trasladado a la cárcel de Ciudad Juárez donde su buena conducta le permitiría salir el 24 de diciembre de 1993. delito menor o, tal vez, corrupción mayor en el sistema judicial y penitenciario.
¿Está el negocio de la droga detrás de todos los crímenes que acontecen en Chihuahua?
Hay quien apuesta en ese sentido. Un caso conocido como el de “Sombra Grande y Sombra Chica”, donde la realidad rebasa a cualquier intento de ficción, ilustra el entretejido de estos intereses con la impunidad, con una nueva moral donde la vida no tiene valor alguno.
El cuento, como dicen en la frontera, va como sigue: Rubén Chávez Zaragoza, alías Sombra Grande, era un narcotraficante importante que se enamoró de una mujer muy joven, de gran belleza física de nombre Perla del Castillo Holguín con quien tuvo una hija. Como sucede con estas pasiones a destiempo, el viejo tuvo indicios de que la mujer lo engañaba. Al investigar su conducta descubrió que su amante era una mujer de nombre Graciela, su amiga con quien compartía todo.
Obvio decir que la afrenta era doble, no sólo le era infiel sino que el objeto de su amor era una mujer.
Al constatarlo, muy en su estilo, de inmediato mandó matar a su “rival”. En represalia Perla decidió pagar a sicarios para que lo matasen. Al ser interrogada por su hijastro, “Sombra Chica”, del mismo nombre e idéntica “profesión”, la joven aseguró que su ausencia se debía a que los judiciales lo habían levantado. Mentira que no pudo sostenerse, precisamente por el control que ejercen los narcotraficantes sobre todas las acciones de las policías.
Como tampoco Vicente Carrillo habría autorizado el asesinato, o sea que no era asunto de sus tribunales, al regresar a la casa y enfrentarse con Perla descubren la verdad y la asesinan.
Mientras esto sucedía, muertes pasionales entre narcotraficantes, su hija de dos años estaba en casa de la hermana, una mujer igual de joven y bonita, de nombre Alejandra quien vivía con su novio Marcos Venegas. Por cuidar a su sobrina fue ejecutada por los sicarios de “Sombra Chica” que, gesto generoso, se llevo a su hermanastra a su casa.
Hoy su asesinato, con cinco meses de embarazo, es uno de los expedientes que la PGR ha atraído bajo sospecha de vinculaciones con el crimen organizado.
Pero no consta nada de la historia anterior en la investigación, como si la consigna fuese ignorar la realidad. Es más, hasta la fecha Perla del Castillo aparece oficialmente como “desaparecida”. Un amigo de las hermanas de nombre Mauricio, interesado en este crimen fue, a su vez, ejecutado en un bar llamado “La Changada” en diciembre pasado. La madre de las hermanas optó por esconderse en Estados Unidos.
¿Hasta donde puede llegar el asombro ante estos crímenes?
La muerte se ha convertido en rutina en esta frontera donde solamente en el 2001 hubo 64 ejecuciones en sus calles, a plena luz de día, con total complicidad de las policías locales. ¿Son pocas o muchas? Se vale comparar con el total de 254 casos que es la suma desde 1995 hasta la fecha, sin contar el más reciente crimen, primero del 2002, un hombre torturado y con dos impactos de bala en la cabeza encontrado en una camioneta suburban abandonada a las puertas de un taller de reparación de automóviles el pasado 11 de enero.
Casualmente esa negociación había sido cateada por sospechas de servir de escondite de droga y su propietario, Omar Ortiz Ochoa, fue ejecutado hace dos años junto con su novia en el estacionamiento de un centro comercial. Es un círculo que siempre lleva a los mismos protagonistas, a igual ceguera de las autoridades.
Antes de finalizar la primera semana de enero de 2002 fue encontrado, en un terreno de la colonia Salvárcar, el cuerpo de la segunda mujer asesinada en el año. Siete días, dos mujeres sacrificadas. A lo que debe agregarse la víctima hallada el viernes 11 de enero en el cruce de las calles Manuel Acuña y Baja California, también joven, con el cabello largo, morena. La estadística es incalificable pero no parece agobiar a las autoridades locales.
Y, con su carga de provocación personal para el general Rafael Macedo de la Concha que esa noche dormía en Ciudad Juárez por una gira de trabajo, también habrá que sumar el nombre de Ivette Lucero Campos, levantada a las siete de la tarde del viernes 18 de enero del 2002, en la puerta de la maquiladora donde trabajaba. Su cadáver apareció al día siguiente, violada y ahorcada sobre un canal de aguas negras.
El fiscal especial para los casos de mujeres asesinadas, que depende de la procuraduría de Chihuahua, es una mujer de nombre Suly Ponce cuyo cuñado, de apellido Jurado, es uno de los narcotraficantes desaparecidos en estos años. Y su pareja sentimental es un comandante de la policía judicial del Estado llamado Jesús Lenín.
¿Juez y parte? Lo cierto es que no habido resultados en las investigaciones. Y sí, aparentemente, culpables fabricados para responder a las presiones de grupos feministas. ¿Quieren descubrir la verdad? Tal parece que la conocen y, por el contrario, la quieren ocultar: La mayor parte de los crímenes ha sido hecho por sicarios del narcotráfico como un ejercicio de iniciación, a veces para atenuar su aburrimiento. Con la participación, encubrimiento, complicidad de los cuerpos de seguridad pública.
El diagnóstico del doctor Alejandro Gertz Manero sobre la actuación de la policía judicial federal es desesperanzador: “La policía judicial tradicionalmente protege y encubre al delito organizado, controla las órdenes de aprehensión y de investigación, los resultados están a la vista”.
De frente a esto hay otra cara de la realidad. El subdelegado de la policía judicial federal en Chihuahua, doctor Salvador Cruz Pérez, policía toda su vida, responsable entre otras investigaciones de la de los crímenes de Acteal, exdirector de aprehensiones de la PGR, afirma que existe un problema grave de presupuesto: “Desde noviembre no tenemos un centavo ni para gasolina, recibí apenas 15 radios para 87 agentes, no contamos con chalecos antibalas, con su sueldo los policías deben mantener a sus familias en otras ciudades y pagar su alojamiento aquí. Los “Precos” (puestos de revisión carretera) desaparecieron, no nos autorizan labores de prevención, hace dos semanas recibimos la primera y única computadora, no tenemos una secretaria para apoyarnos en la oficina siquiera”.
No obstante carecer de los recursos indispensables, el pasado 31 de enero consiguieron la detención de los hermanos Beltrán Perea, cuatro narcotraficantes que operaban a ambos lados de la frontera desde 1991 con gran fuerza, distribuyendo más de 100 kilogramos de la droga semanalmente, con un precio cada kilogramo de entre 16 y veinte mil dólares.
El operativo fue abortado más de tres ocasiones porque a último momento no se reunían los cuatro, implicó una investigación además de compleja de un gran hermetismo lo que añadió dificultades y, que también es significativo, canceló cualquier celebración familiar de fin de año. Cruz Pérez, un hombre de 42 años originario de Oaxaca, vestido pulcramente muy fuera del esquema fronterizo, responsabiliza a este operativo de haber cancelado la relación incipiente con una mujer después de tres divorcios.
Justamente al cuarto para las doce de la noche, al frente de un comando de diez hombres, el doctor Cruz entraba al restaurante “Ajua”, tradicionalmente favorecido por los traficantes de droga, para detener a los hermanos Beltrán Perea que cenaban con sus familias escoltados por policías judiciales estatales que optaron por huir.
Sandalio González, jefe de la oficina de la DEA en El Paso se apresuró a pedir su extradición ya que eran los encargados de distribuir cocaína y marihuana en el norte y en el oeste de Texas, así como en Kansas: “Era una de las diez bandas más importantes de narcotraficantes en la frontera con Juárez”.
Jesús Cruz se ríe cuando le pregunto si recibió alguna llamada de felicitación: “ya había cobrado mi aguinaldo de dos mil quinientos pesos”.
Por su parte el general Macedo de la Concha se comprometería frente a los ciudadanos agraviados que viven en esta frontera: “Ningún narcotraficante estará a salvo”. Y anunció que o hay resultados o se va a otro lado… Momentos antes escucharía a Sergio Pedro Holguín, presidente del Centro Empresarial de Ciudad Juárez asegurar: “La realidad que se vive aquí es la impunidad, la falta de castigo, de investigación de crímenes y falta de justicia… Aquello que se hizo una vez sin recibir castigo, se repite sin miedo. Los aquí presentes somos testigos de que nuestras autoridades han estado más atentas en fomentar la cultura del olvido y el desorden, de la confusión, que la investigación contra el crimen”.
La contabilidad es desigual. Por un lado la corrupción, la falta de recursos, la ausencia de apoyo oficial pese a los resultados, la complicidad en todos los ámbitos, la ceguera institucional, la participación abierta de personajes públicos en el narcotráfico, el control por las mafias de narcotraficantes del gobierno local, los crímenes de mujeres, las desapariciones forzadas, las ejecuciones, la violencia, la perdida del estado de derecho. Por el otro los millones de dólares, el paso abierto de la droga, la impunidad y, quiero suponer, las inmensas carcajadas.
Parte del miasma que se vive en Ciudad Juárez, hoy, bajo el gobierno de Vicente Fox.

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