O la Conocida Negligencia de la Nueva Comisionada

* La Desconocida Comisionada
Guadalupe Morfín Otero llega a Ciudad Juárez con una carga negativa inmensa inserta en un pasado, para ser amable en el calificativo, confuso.
Sectores muy importantes de la sociedad de Jalisco la acusan de negligencia en el caso de niños dados en adopción a extranjeros, no obstante que tenían familiares que podían hacerse cargo de ellos.
Acusación muy grave que consta en la averiguación previa 1971/2002 que fue turnada a la UEDO, entonces encabezada por José Luis Santiago Vasconcelos, con el oficio SPPPB/0233/2003 por el subprocurador de procedimientos penales de la PGR.
El tema está candente.
No sería la primera vez que la Presidencia de la República pasa por alto estas implicaciones penales en sus nombramientos. Declaraciones del portavoz de la oficina del FBI en El Paso, Texas, por instrucciones de su titular Crawford, a un corresponsal europeo habrán de conmocionar a la opinión pública en los próximos días ya que se implica, con datos y número de expediente legal en el país vecino, al ahora diputado Francisco Barrio en delitos de narcotráfico.
Sin embargo nombrar a una comisionada para el caso de Las Muertas de Ciudad Juárez que despierta tal cantidad de sospechas, que está implicada en una investigación penal de tráfico de menores al extranjero, se antoja uno de los más graves errores de la administración foxista.
Guadalupe Morfín ha expresado, por su parte, tal cantidad de desatinos desde el momento en que fue publicada su llegada a Chihuahua que no ha hecho otra cosa que echarse tierra. Desde la referencia, cursi y exagerada, en que se compara con la líder de la Plaza de Mayo en Argentina hasta su propósito manifiesto de “sanar heridas sociales”.
Lo que se necesita, todavía hoy, con urgencia en esa población es un fiscal capacitado para encabezar el esfuerzo de investigación legal. Lo que hay en esa frontera, en ese cúmulo de violencia e impunidad, es un problema de falta de justicia. Es decir, de ausencia del ejercicio obligado de las autoridades estatales y federales para proporcionar a sus habitantes un estado de derecho.
No más, no menos.
Para lo que no es paliativo, en lo absoluto, la presencia de una mujer que llega con sus buenos deseos e indulgencias. Que además, en una burla, tremenda a la sociedad, es enviada por el gobierno federal sin recursos ni oficina siquiera. O sea, para que nos quede claro, que es nombramiento de membrete, tardío, inútil y absurdo en todos sentidos.
La señora Morfín tuvo una actuación, para decir lo menos, turbia en Guadalajara como responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su participación, así sea también por omisión, en la fuga del “Chapo” Guzmán nunca ha sido suficientemente aclarada, ya que su pretensión de cubrir a los custodios que, también supuestamente, habrían denunciado irregularidades la convierte en algo muy cercano a cómplice. La sitúa en una línea muy débil, casi invisible entre lo legal y todo aquello fuera de la ley.
Con esas credenciales, más su espíritu de cruzada religiosa tan alejado de la realidad que ahí impera, tan desconocedor de los verdaderos intereses criminales y políticos que habrá de confrontar cotidianamente, se ha convertido en expresión de la burla oficial a la sociedad.
De lo que se trata, lo que tendría que haber ordenado ya el gobierno foxista, es de evitar impunidad y complicidades de las autoridades locales en los crímenes que ahí se han dado durante diez años.
Pero entonces habría que poner en el banquillo de los acusados a la gente de Francisco Barrio, de Francisco Molina Ruiz junto a la de Patricio Martínez.
Y luego proceder legalmente.
Pero a eso parece tener mucho miedo el Presidente Vicente Fox.
¿Por qué?
Cuestión de preguntar. Tal vez haya dinero recibido en su campaña, tal vez un desconocimiento inmenso. Tal vez simplemente la desidia mostrada en otros temas nacionales.
Cuando los procuradores de justicia del Estado de Chihuahua en los últimos diez años han, conscientemente, faltado a su obligación de investigar y ordenar investigar conforme a lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la desaparición de 750 ciudadanos, el asesinato de más de 500 y los crímenes de más de 300 mujeres hay un delito a perseguir.
Esto está ya inscrito en la posición oficial, en la queja más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esto, insisto, bastaría para fincar responsabilidades a funcionarios públicos actuales y de la administración anterior. Simplemente hay que revisar los expedientes de las muertas, de los desaparecidos, de los acribillados (que no son los mismos, conste) para constatar que no se cumplió con la mínima obligación legal de investigar, de hacer su trabajo. Esta omisión está tipificada como criminal. Incluso en las leyes internacionales que la hay establecido como complicidad intencional en los crímenes contra la humanidad.
¿Qué espera el gobierno de Vicente Fox?
¿A quiénes creen que hacen tontos con la llegada de Guadalupe Morfín?

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