La Justicia Capitalina al Servicio de la Politica

* Los Otros Errores
Como millones de mexicanos, porque esto es la realidad comprobable, sigo teniendo la percepción de que Andrés Manuel López Obrador es un hombre honesto.
Y, también, que es un político profesional con muchos recursos.
Incluso apostaría a que podrá, en su momento, remontar parte de la gran caída que provocó el escándalo de los vídeos. Su estrategia de “control de daños” puede ser, no habría por qué dudarlo, terriblemente eficiente. Yo, primera persona del singular, creo también ciegamente en la inteligencia de Marcelo Ebrard y sus buenos oficios junto al titular del gobierno de la Ciudad de México.
Hasta ahí demuestro, como los que llevan una estampita con su efigie que soy una mujer de fe. Punto.
Lo que no me parece admisible desde ningún punto de vista es el manejo legal respecto a los vídeos. Es decir, que los dos señores que reciben el dinero del empresario Carlos Ahumada sigan en libertad. Esa es la gran explicación que nos debe el gobernante que ya probó, para quién no lo sabía, que sigue siendo popular.
Si existe una averiguación previa, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, sobre supuestos ilícitos del empresario de origen argentino, nada impide que los dos funcionarios públicos que aparecen recibiendo dinero en sus oficinas sean detenidos, que se proceda legalmente en su contra.
Una cosa es, vaya que Diego Fernández de Cevallos le hizo un favor a su enemigo irredento con sus declaraciones, que exista un complot político detrás de la exhibición intencional de los vídeos y otra, irrebatible, que en estos se demuestre la corrupción de personas muy cercanas a López Obrador.
Es frente a esto, a lo inocultable, que debe actuarse con energía.
El Procurador de Justicia del Distrito Federal se ha visto lento, omiso, obediente de las razones políticas antes que de aplicar la ley. ¿Por qué tardar tanto en las citas ministeriales, por qué no ejercer acción penal o, por lo menos, de inmediato integrar un expediente contra Carlos Ímaz y René Bejarano?
¿Por qué realizar cateos a las residencias de Carlos Ahumada, confiscar papeles, magnificar en los medios lo que tendría que ser motivo de secrecía oficial, y no actuar contra estos dos beneficiados del dinero que puede provenir de ilícitos?
¿Por qué insistir en darle difusión a las relaciones personales de Carlos Ahumada con protagonistas del poder político y no investigar, de inmediato y a fondo, sus “vínculos” con dos perredistas tan reconocidos, tan cercanos? Con el agravante de que varios socios del empresario ya fueron detenidos.
¿Por qué Bátiz insiste en actuar como si fuese retrasado mental en sus conferencias donde dice, sin pudor alguno, que el multicitado señor Bejarano no le ha dado una explicación respecto al dinero?
Ya podemos, también millones de mexicanos, emocionarnos ante los compromisos, las quejas, los señalamientos de conjuras de López Obrador pero nada será suficiente para justificar en los hechos estas omisiones. La esperanza también tiene que estar sustentada en un respeto irrestricto a la ley.
Si Andrés Manuel no ordena, y Bernardo Bátiz es su empleado en los hechos, que se cumpla la ley hasta las últimas consecuencias toda estrategia política habrá de fracasar.
La inmoralidad de la conducta del delegado del Cisen en el Distrito Federal que nos sale con la jalada, oficial y boletinada, de haberle “prestado” un recinto privado, en un hotel de lujo, que previamente había sido alquilado para otras “investigaciones” es inaceptable. Pero nada de esto será un factor de peso mientras los colaboradores que recibieron el dinero gocen de impunidad. Y la libertad de que disfruta, a su vez, el exsecretario de finanzas Gustavo Ponce es igualmente sospechosa.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México salió al balcón, frente a cerca de cien mil personas, para decir que se había equivocado. Lo que no se vale es que se siga equivocando en la procuraduría de justicia bajo su responsabilidad.
No es suficiente que diga que no es cómplice de los ladrones, debe probarlo en los hechos. No nos interesa que quienes, supuestamente, armaron un complot en su contra no tengan interés alguno en combatir la corrupción sino, por el contrario, que él, que López Obrador demuestre su decisión en este sentido.
Si como dice “el mensaje es muy claro” qué espera para entenderlo, para escuchar el grito de la gente en el zócalo pidiendo castigo para los corruptos, para ordenarle a Bátiz que cumpla con sus obligaciones…

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