Respuesta Oficial de su Jefe de Prensa Versus la Realidad

* ¿Lo Habrá Medido Mario Marin?
El relato de la activista y periodista Lydia Cacho no tiene desperdicio.
Habla de la inmensa arbritariedad e intencionalidad intimidatorio, vejatoria, contra sus derechos humanos más íntimos, en su detención el fin de semana pasado.
Desde haberle negado el derecho de enterarse, de manifestarse como garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la autoridad, hasta jugar con su fortaleza mental al amenazarla verbalmente durante el largo recorrido por carretera. Todo lo que sucedió tiene que haber tenido el aval, la intencionalidad, hasta la orden expresa del gobernador de Puebla.
De otra manera no se explica.
Da pena, a la vez que debo reconocer que cumple con la chamba para la cual se alquiló, la respuesta oficial del jefe de prensa de Mario Marín. No importa que tengan copia de la nota de un “pollo asado” que se le compró a la periodista en el transcurso de más de veinte horas, simplemente no había necesidad ni de encarcelarla y menos todavía de movilizar elementos policíacos y recursos públicos hasta esa entidad como si fuese un criminal, un narcotraficante, un enemigo de la sociedad al que hay que poner en prisión con urgencia.
Con el agregado del tiempo, de la presión excesiva de sus “secuestradores”, de haber hecho a un lado la protección oficial, que no es voluntad de la PGR sino obligación también constitucional, de no aceptar las recomendaciones del médico legista para no viajar por carretera.
Se trataba de lastimarla. De causarle el mayor daño sicológico e incluso físico posible.
Porque a estas alturas no podemos pensar que había algo positivo en el manejo de este caso.
Tal vez incluso se quería asesinarla y la presión pública, el escándalo que se provocó y que Mario Marín no había medido, fue lo que lo evitó.
El relato pude haberlo firmado. Conozco paso a paso el tema y, sobre todo, esa infinita sensación de vulnerabilidad y angustia que Lydia Cacho vivió durante las largas horas en que, por orden directa del gobernador Mario Marín, fue ilegalmente detenida.
Como la señora Cacho fui detenida con lujo de fuerza, sin permitirme conocer las razones de la orden de aprehensión, tratada como asesina o narcotraficante por la presunta comisión de un delito no grave, fui encarcelada y agredida por la larga cadena de funcionarios públicos que obedecen ordenes superiores en un juzgado, en una cárcel estatal.
A la periodista, activista a favor de los derechos de la mujer, se le negaron los derechos constitucionales y la mínima cortesía hacía una mujer. Mario Marín estaba tan ocupado, entregado, en servir a su amigo el “rey de la mezclilla”, Kamel Nacif, que no le importó ofender hasta la condición femenina. De eso se trataba, de humillarla y amenazarla.
Una vez más se lastimó, profundamente, la libertad de expresión por el capricho de un hombre rico que por su fortuna tiene vinculaciones, más que turbias, con el poder político local.
Así que de un lado permaneció la verdad, una y otra vez probada con testimonios y pruebas orales, y por el otro el deseo de hacer daño desde palacio de gobierno.
Mario Marín, gobernador de Puebla, ilustre priísta que se ha apurado a manifestar su apoyo a Roberto Madrazo, envió a un grupo de policías judiciales con todo pagado a Quintana Roo para que en un acto fuera de derecho prácticamente secuestraran a la señora Cacho en sus oficinas, haciendo a un lado la protección oficial que tiene por amenazas de muerte.
¿Qué sentido tenía transportarla por carretera, amenazada y muerta de miedo, enferma, débil, de Cancún a Puebla si existió en ofrecimiento del gobierno de Quintana Roo para pagar su boleto y así ahorrar molestias a la “detenida”?
La respuesta es muy simple: se trataba de asustarla, de castigarla por el atrevimiento de decir la verdad en un libro sobre pederastas, de mencionar al señor Nacif, célebre por su afición al juego y su olvido de pagar impuestos.
Una vez más se demostró que los gobiernos estatales están al servicio del mejor postor. Que no tienen interés alguno por los ciudadanos y que se juega con la policía y con la aplicación de la justicia caprichosamente. Tal como dijo Edgar Cortez, de la Red de Todos los Derechos para Todos, “el acoso a Lydia Cacho es ejemplo del uso político de la justicia”.
A la periodista se le debió conceder el derecho constitucional de ser escuchada, se le debió haber informado de la demanda en su contra, se le debió haber tratado con toda consideración. Y eso no es, no puede ser, un traslado por carretera rodeada de policías judiciales que la amenazaban. Que en los hechos no fue sino un secuestro.
No nos engañemos. Mario Marín tomó partido. En contra de la libertad de expresión, de las mujeres, de la verdad. Y a favor de uno de los personajes más nefastos a imaginar, que incluso puede estar relacionado con la violación de niños.
Estos son los gobernadores priístas y así será el próximo gobierno, ya en su día Roberto Madrazo me puso en manos de otros delincuentes con credencial de policía por una denuncia igualmente cierta, si los ciudadanos votan por el PRI…

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