Los Jueces al Servicio del Dinero

* La Injusta Imparticion de Justicia
En Jalisco un juez negó una orden de aprehensión contra el “Chapito”, el hijo del Chapo Guzmán, por asesinato. Al mismo tiempo en Puebla una juez dictó orden de aprehensión contra una periodista, defensora de los derechos de la mujer, que vive en Cancún y había cometido el delito de mencionar a un rico empresario en un texto sobre violación de niños.
O sea, al menos en estos dos casos, que la justicia mexicana defiende a narcotraficantes, asesinos, violadores de menores, y todo tipo de delincuente que tenga la capacidad económica para ganarse sus favores.
En esto no hay, no puede haber casualidad.
Y cuando hablamos de Lydia Cacho, literalmente secuestrada en sus oficinas de Cancún, habiéndose negado el derecho constitucional de audiencia, también nos referimos a la inmoral y hasta ilegal fianza de más de cien mil pesos que le fue impuesta por un delito, la difamación, que no es considerado grave por el código correspondiente.
A este paquete de “perversidades” del poder judicial hay que agregar el espacio dado para que una denuncia del mismo hijo del “Chapo” Guzmán contra el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos prospere.
Los delincuentes, de cuello blanco o de pésima fama pública, además tienen suficiente dinero para pagar su defensa, para contratar a profesionales de la abogacía que cobran honorarios por muchos ceros, que no están al alcance de quienes deben ir a la cárcel, no pueden obtener amparos, porque no tienen dinero con qué pagar a quienes los defiendan.
En el caso de la señor Cacho hay, como sucede conmigo en el juicio de Chihuahua donde el juez tiene más de un año sin dignarse dictar sentencia, el agravante de que su libertad condicional la obligará a firmar como criminal, como cualquier ladrón, un libro semanalmente en el juzgado correspondiente. Y nadie, absolutamente, nadie habrá de pagarle el costo de transportarse desde su lugar de residencia hasta la ciudad donde el empresario textilero Kamel Nacif decidió poner su demanda, gozando de influencia y conturbenios con el mismo gobernador Mario Marín, que ahora se convierte automáticamente en protector de cualquier cantidad de violadores de niños.
¿Suena inmoral? Es obvio que a los jueces no les parece así. Una y otra vez hemos escuchado de autos de libertad a presuntos narcotraficantes, de no ejercicio de acción penal en contra de quienes son detenidos vendiendo cocaína por el recurso, tan desgastado, de que se trata de “adictos”.
Esta es la realidad que no ha podido cambiar el gobierno de Vicente Fox. Que, es más, parecería regocijado en mantener como tal. Su misma esposa ha utilizado la legislación vigente en materia de difamación, aunque con menor éxito por la circunstancia de un gobierno perredista en la Ciudad de México, lo que ha conseguido que sus jueces no dicten ordenes de aprehensión contra periodistas a capricho del poderoso en turno, para amedrentar a sus “enemigas”.
Es decir, a todo aquel que diga la verdad.
Este es el contraste que debería avergonzar al Estado Mexicano. Libertad para narcotraficantes, espacio para denuncias contra funcionarios públicos que como José Luis Santiago Vasconcelos se ha caracterizado por cumplir con su trabajo, y cárcel para críticos incómodos.
En el fondo, con conductas y realidades como éstas, quien queda vulnerable, quien está en manos de los poderosos sea en dinero o en poder político, a veces como en Puebla en un corrupto binomio de ambos donde el empresario protector de violadores de niños es socio, cómplice, amigo lo que sea del gobernador Mario Marín para vergüenza nacional, es el ciudadano. Lo que llamamos sociedad civil y no vale absolutamente nada para los jueces, para el aparato mismo de justicia, para el poder público ya sea panista o emanado del PRI.
Que no se nos olvide a la hora de ir a votar por el próximo Presidente de la República…

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