Comienza a Salir la Verdad

* Complicidades de la Familia Bours Detrás de la Desaparición del Reportero en Sonora
La irrupción del escándalo de Puebla en la vida nacional, casi encimada al atentado en Tamaulipas contra el diario “El Mañana”, ha permitido que comience a aflorar la verdad detrás de la desaparición de Alfredo Jiménez.
Es obvio, han pasado diez meses, que la familia y sus amigos han comenzado a entender que esto, el “levantón” de que fue objeto, no es sino uno de los peores crímenes. Aquel que al no entregar el cadáver a sus familiares causa todavía más daño.
Junto con la resignación ha venido también el compromiso de retomar las investigaciones que venía realizando. Como si la ofensiva del narcotráfico contra los periodistas, cada día más violenta, hubiese provocado una resistencia igual de fuerte. Por eso hoy nos enteramos que el material que tenía en sus manos, como sucedió en su tiempo con Manuel Buendía es más importante lo que no había publicado todavía, habla de complicidades de la familia Bours y funcionarios de gobierno con narcotraficantes que dominan la plaza.
O sea, la misma historia de siempre.
Una vez más aparece el esquema de Chihuahua, por citar solamente una entidad de la República, donde los grandes jefes de los carteles de la droga cuentan con absoluta impunidad por su relación con los gobernantes. Y en esto es esencial, como sucedió en Chihuahua con Jesús “Chito” Solís, la participación del procurador general de justicia.
Alfredo Jiménez fue un reportero muy joven, audaz, que colaboró con el diario El Imparcial. Y tuvo muchas fuentes de información, acceso a investigaciones federales muy delicadas. Entre ellas está circulando un documento, presuntamente originado en la Secretaría de Gobernación, donde se habla de la protección oficial a los hermanos Beltrán Leyva así como a la banda conocida como “Los Gueritos”.
Y ahí aparece en repetidas ocasiones el nombre del “hermano incómodo” del actual gobernador, por quien el PRI local se ha desgarrado las vestiduras y confrontado con el PRI nacional en la búsqueda de una candidatura al Congreso que le otorgue fuero.
Ahí estaría la complicidad manifiesta de Abel Murrieta, procurador de justicia y de su jefe de policía, Roberto Tapia Chan.
¿Suena familiar? Igual que en Chihuahua, insisto.
Esto fue lo que no escribió el reportero que fue “levantado” el pasado dos de abril y cuyo destino final no se ha descubierto, o por lo menos no de manera oficial.
Se trataba de acallar lo que pudo haber hecho público. Aunque a estas alturas del gran miasma en que se ha colocado la política y los gobernadores priístas, da igual tener un narcotraficante en la familia.
En la relación que tenía, una copia está en el diario sonorense, Alfredo Jiménez se habla incluso de las tarifas que los comandantes de la policía judicial estatal debían entregar mensualmente a su jefe, Tapia Chan por haberlos puesto en localidades estratégicas para permitir el tráfico de drogas.
Es obvio que antes, mucho antes, hubo un arreglo con los federales. Algunos de ellos todavía comandantes en el activo de la AFI y responsables de plazas tan significativas en su día como Cancún o Morelos. Porque lo que abunda en el estacionamiento de estas delegaciones estatales es, precisamente, los vehículos con placas de Sonora.
Cualquier relación con los “Zetas” y con los “Zetitas” es meramente cierta.
El caso es que Jiménez, con su juventud a cuestas, tuvo la osadía de tomarse en serio como periodista, de construir un gran personaje frente a su espejo. Y lo pagó con su vida. No es el primero, desafortunadamente no será el último.
Quienes creemos firmemente, sin miedo al ridículo, en el valor de la verdad tenemos la obligación de retomar sus investigaciones. De escribir, como hago el día de hoy, sobre los temas que tenía pendientes en su escritorio. Es lo que todos esperamos que alguien hago por nosotros, por cada uno de nosotros en su día. De esta manera la impunidad será un poco menor y el cambio, no aquel de discurso barato, será algo asible, real, construido con la fuerza de las palabras.
A final de cuentas la batalla, se puede oír violento pero estoy convencida, no es contra los narcotraficantes que no son, no han sido, no aspiran a ser sino eso. Traficantes de droga, delincuentes, criminales con sus propios códigos. Ellos son quienes están fuera de la ley, sí pero no se ostentan sino como eso, como delincuentes.
Corresponde a la autoridad combatirlos, vencerlos, encarcelarlos.
Y si hay espacio, si tiene sentido, a los periodistas escribir de ellos. Pero yo creo que no es importante.
En cambio, la gran guerra sin cuartel es, tiene que ser contra los funcionarios públicos, sean policías, procuradores o gobernadores, que utilizan su puesto público para delinquir. Que engañan a la sociedad, que lucran inmoralmente con su puesto, que utilizan una placa, el poder entregado a ellos, para delinquir. Esto es lo que no es admisible, llámense Bours o como sea. Aquí sí que existe una inmensa obligación de los periodistas, con la sociedad, con la opinión pública, para desenmascararlos, para escribir de ellos, para contar sus mentiras.
Aunque tenga un precio muy alto hacerlo, como sucedió con la muerte de Alfredo Jiménez Mota, como pasa cada día en que un periodista incómodo sufre una amenaza de muerte o es enviado de manera perversa a la cárcel…

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