El Derecho de Piso, la Ignominia en Quintana Roo

Quintana Roo, 23 de enero.- Quintana Roo fue, por mucho tiempo, tierra de provisión que acogió los sueños de cientos de miles de personas, que proporcionó futuro a quienes llegaron con las manos listas para el trabajo.

Hoy, por la omisión de todas las autoridades y el silencio de la sociedad, se ha convertido en un lugar de abundancia… para los criminales.  En un negocio inconmensurable para quienes vienen hartos de asesinar, colmados de extorsionar como razón de vida.

Lugar, es decir, de abundancia para los criminales.

¿En qué momento se permitió?

Por lo menos a los dos últimos gobernadores les dije, con todas sus letras, por diversas razones, que lo único que podía destruir al Estado era la violencia, que evitarla debía ser prioridad en su gobierno. No les interesó más allá del discurso político.
 
En los hechos, mi colaboración con ellos como Asesora de Seguridad fue más allá de las palabras, cuando me puse el chaleco antibalas y me fui, literalmente, a perseguir criminales en Cozumel.

Todo a partir de la “voluntad política”.  Porque con ésta se puede todo. Desde operativos en discotecas para detener a vendedores de droga en Cozumel hasta la detención del principal “distribuidor” de estupefacientes, “Mateo” (Mateo Gabriel Domínguez Bouloy), el 20 de septiembre de 2012.

Sin la “voluntad política” del poder, lo que existe es una convivencia corrupta entre las autoridades y los criminales.  Que no necesariamente implica una “complicidad criminal”, pero sí es una omisión. Y que se sostiene, esta corrupta omisión, en una policía inoperante y frágil, sin capacidad de enfrentar criminales.

Que es lo que ha imperado en Quintana Roo.

Para esta decisión de gobierno de ser “omisos”, fue muy útil una policía prácticamente inexistente, muy pocos elementos, muy pocos de ellos preparados profesionalmente, muy pocos honestos, y muy pocas expectativas de cambio y/o depuración.  Policías estatales y policías municipales.

La frase más común, en reuniones privadas de seguridad, fue en los pasados dos gobiernos: “No molestar al turismo”.  Eso impidió operativos, como los que encabecé en Cozumel hasta que le torcieron la mano a Borge, para revisar taxis que son principales vendedores de droga. Y eliminó, por los últimos once años, cualquier presencia disuasiva de la autoridad.  No quisieron que la policía fuese saneada, modernizada, menos todavía que fuese visible.

En cuanto a los taxistas, resulta que son muy útiles a la hora de las elecciones locales.  De parte de cualquier candidato.  Y por lo tanto son intocables, así sean narcomenudistas, así no tengan ninguna capacitación para manejar y sean responsables de muchas muertes.  Depurar a los taxistas sería un gran paso para combatir el narcomenudeo, pero los intereses políticos han estado por encima.

¿Es fácil controlar, eliminar al crimen organizado en Quintana Roo? Se necesita valor, decisión política del más alto nivel estatal y federal, dinero, determinación para romper nudos de corrupción, y un poco de “Inteligencia”.

¿Por qué un poco de trabajo de “Inteligencia”?  Porque en Quintana Roo todos saben, todos hablan de quienes son los criminales y cómo, dónde operan. No hay que hacer investigación.

Basta con acudir cualquier fin de semana a las playas de Playa del Carmen, ya cerca del anochecer, y encontrarse con miembros de carteles de la droga, quienes son responsables de “cobrar derecho de piso”.  Basta con acudir a los bares de lujo para “reconocer” a los “fuereños” con escoltas armadas y mujeres extranjeras… ¿Qué será tan difícil, por lo menos, estorbar su “impunidad”?

¿Quieren evitar esto, el “derecho de piso”? Con poner vigilancia suficiente, con proteger a los pobres vendedores de miel, campesinos humildes, a quienes les quitan un porcentaje de sus “ingresos”. Con proporcionar seguridad a los establecimientos y a sus dueños, a los vendedores de artesanías.  Con “sacar” de las zonas turísticas a los delincuentes.  Con operativos de desarme.  ¿Parece difícil?

Lo complicado es decidir quién es el responsable de esto.

Lo que tenemos en Playa del Carmen, que desembocó en la tragedia del Blue Parrot a principios de enero del 2017, es la colusión más brutal entre autoridades y criminales. Todos han dejado hacer a todos todo.  La omisión permanente de autoridades frente al delito, de cara al control de criminales sobre actividades económicas de toda la sociedad.  Porque a todos les cobran “Derecho de Piso”, del humilde vendedor de miel al dueño de un bar, pasando por los que vender artesanías.

¿Por qué pueden extorsionar así a tantos?  Porque la gente no se siente, sabe protegida por la autoridad.  Porque en los hechos, la autoridad no los protege frente a la fuerza criminal, a la impunidad con la actúan llegando a matar estos extorsionadores.

¿Quién es la autoridad que debe protegerlos?

Ese es el tema.  El gran tema para el gobierno de Carlos Joaquín.

¿Dónde comienza la responsabilidad federal, donde termina la municipal, qué le corresponde hacer a la policía estatal?  ¿Y las fuerzas armadas? ¿Qué hace un general de apellido Bahena que fue nombrado “coordinador” del gobierno de Carlos Joaquín?

En Playa, como en Cancún, mandan los criminales. Mandan porque los dejaron tener el control de las actividades económicas, ilegales y legales.

¿Cómo va a terminar con esto el actual gobierno?  Porque tiene que hacerlo, porque ya no hay espacio para cerrar los ojos ante una realidad que es ya una amenaza a la vida económica del Estado, al ingreso nacional por divisas del Turismo.

Quintana Roo proporciona más de la mitad de los ingresos que recibe el país por Turismo… ¿puede, el país, el gobierno de la República, perder estos ingresos?

Los turistas no quieren viajar a lugares donde no pueden caminar en las calles con libertad, a lugares donde las balaceras llegan a las puertas de los restaurantes, de los hoteles.  Tampoco van a querer ir a playas entre armas de alto poder y uniformados…

Por encima de todo, el gobierno del Estado tiene la obligación de proteger a los quintanarroenses, en su integridad física, en su entorno más inmediato, en sus propiedades.  Para eso tiene que terminar con el “Derecho de Piso”.  Tiene que tener la capacidad de proteger a los ciudadanos de estos extorsionadores.  Sean del grupo criminal que sean.  Tiene que poner a la autoridad al servicio de esto.  Tiene que romper con toda la corrupción que exista en las oficinas públicas para protegerlos.

Y, antes que nada, tiene que romper con una cultura política de omisión.  Tiene que obligar a la autoridad federal, a la autoridad militar que cumpla con su obligación. Obligaciones que deben ser definidas con urgencia por todos ellos, con el mando del gobernador.  Que sean ellos quienes, realmente, limpien de criminales a Quintana Roo.  Para eso, también, se necesita la decisión política del más alto nivel.  Es decir, de Los Pinos.

La Marina Armada tiene la capacidad de hacerlo.  De hecho, el sexenio pasado, una y otra vez, se encontraron con impedimentos de índole político para actuar como querían hacerlo.  Bastaría con comenzar a cerrar los bares donde se venda droga, con detener a vehículos irregulares, con detener a personas armadas, con sacar de las zonas turísticas a los vendedores de droga.  Bastaría comenzar con poner orden.  Mientras otras autoridades hacen su chamba.  O que, será tan difícil detener a la famosa “Lety”, a los integrantes del Nuevo Cartel de Cancún, que tan bien dice conocer el comandante de la X Región Militar…

Todas las autoridades saben quiénes son los criminales, los extorsionadores, lo que controlan el narcomenudeo, incluso conocen cómo se tienen repartido por zonas el Estado… qué no podrán utilizar ese conocimiento para detenerlos… ¿Qué falta para que puedan hacerlo?

Si permitimos que a un campesino que vende miel se le extorsiones, estamos en el inicio de la destrucción brutal, absoluta, de la tierra de provisión que fue Quintana Roo.  La cultura de “Cero Tolerancia”, con los costos políticos que conlleve, es el único camino para recuperar el paraíso que fue Quintana Roo. Al tiempo…

 

CambioQrr

Isabel Arvide

@IsabelArvide

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