La Estatua al Testigo Protegido

La justicia mexicana ha endiosado, con el mayor impudor, la figura del testigo protegido. Ha llevado su palabra hasta las alturas de la única, incontrovertible verdad. Se ha servido de sus testimonios para enlodar honras y encarcelar a quienes se dicen inocentes.
Contra lo que dice la Constitución ha prevalecido lo dicho a los hechos, los señalamientos de criminales se han impuesto a las voces de descargo, mientras la sociedad ha optado por voltear la mirada hacía otro lado como si lo que acontece no lo afectara, no sucediese en su propia casa.
Sin levantar la mano en contra hemos visto, en especial en las últimas semanas, que personas que por sus trayectorias públicas habían alcanzado un espacio de respeto se convertían en delincuentes, en narcotraficantes, en los peores monstruos capaces de cometer cualquier cantidad de ilícitos. Simplemente porque un tercero, hace algunos años, hizo alguna declaración incriminándolos.
Siempre de “oídas”, por conocimiento de terceros, por verdades a medias o suposiciones sin sustento alguno. Que, sin embargo, han bastado para girar ordenes de aprehensión, para colocar a ciudadanos detrás de las rejas, para comenzar penosos juicios plenos de incoherencias legales.
Según el ministro de la Suprema Corte de Justicia don Juventino Castro y Castro: “No puede haber testigos protegidos porque la ley es muy clara. es un atraco y en nuestro sistema no tiene cabida”. Sin embargo, en la Procuraduría de Justicia General de la República, en la Procuraduría Militar, en la del Distrito Federal se han impuesto estas voces hasta contra el sentido común más indispensable.
Se ha llegado, en voz del procurador Jorge Madrazo, a absurdos tan inmensos como afirmar que un mismo testigo puede decir mentiras hablando de unas personas y verdades al referirse a otras, siempre dentro de la misma averiguación.
Especialmente si hablamos de Jaime Olvera Olvera, así como de José Colsá Macgregor, habría que erigirles una estatua. Si no fuese por sus oportunas declaraciones los mayores cómplices del narcotrafico, generales prestigiados en su medio como Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, no estarían en la cárcel. Con el respectivo escándalo, con los precios políticos y de inestabilidad social a pagar. Y, además, con acusaciones tan débiles que seguramente después de un largo vía crucis, de pasar meses o más tiempo en la cárcel, el juez los deje en libertad con un usted disculpe.
Habría que preguntarle a Vicente Fox, a su grupo de colaboradores cercanos, qué opinan al respecto. De qué manera habrán de limpiar las grandes cloacas de las dependencias oficiales responsables de aplicar justicia en nuestro país, sobre todo si recibirán un país de acusados por voluntad de delincuentes pagados, de hombres que sin ninguna calidad moral han hecho señalamientos a cambio de recibir canonjías jurídicas, hasta de la impunidad.
La lección es muy grave. Porque lo que estamos viviendo es una situación en que cualquier policía, como el caso de Adrián Carrera Fuentes, puede cometer ilícitos, enriquecerse inmoralmente, ser cómplice de las grandes bandas de delincuentes, de narcotraficantes de nuestro país para, previo señalamiento de las autoridades, acogerse a la figura del “testigo protegido” y obtener todo: Libertad, dinero, impunidad, hasta protección oficial.
Simplemente es una aberración.
Durante el tiempo en que estos nuevos “héroes” de las autoridades judiciales estuvieron dentro de la delincuencia organizada sus víctimas fuimos millones de mexicanos, qué podría explicar que se haya decidido privilegiar su conducta sobre la integridad, el patrimonio de millones de mexicanos.
Algo debe estar más que podrido cuando este, tan triste, es el único logro a contabilizar durante el presente sexenio. Cuando una aprehensión, como sucedió con el exdirector de la Policía Federal de Caminos, Enrique Harari Garduño, va acompañada del anuncio oficial del ofrecimiento, del ruego casi para que acepte formar parte del programa de “testigos protegidos” ya que “de no hacerlo será consignado al juez”.
Asegura el señor ministro Castro y Castro que en lo referente al marco legal de esta figura “estamos en la parte intermedia, pero llegará el momento en que la Suprema Corte de Justicia tenga que decidir sobre el particular”.
Me parece que se ha pasado de generoso, este es el momento en que no sólo ese poder debería intervenir. Los mexicanos no nos merecemos un sistema judicial donde los criminales gocen de impunidad a cambio de acusar a los inocentes.

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